
Aportaron ¢1.386 millones a la campaña política
10/02/26 | 13:46pm
Un total de 70 personas, donantes o compradores de bonos durante la campaña electoral que recién terminó, están en la mira del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y ahora deben certificar su solvencia económica.
Del total de personas que deberán probar sus ingresos (70), una mayoría (39) dieron dinero al Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganador de la contienda electoral.
“La gran mayoría supera el criterio de los US$10 mil. Los otros obedecen a seguimientos como resultado del monitoreo del entorno que practica este departamento”, informó el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, Ronald Chacón ante la consulta de AmeliaRueda.com.
De acuerdo con los datos, las 70 personas que deben responder al TSE sobre su solvencia económica dieron dinero a 12 partidos políticos en total y juntos aportaron a la campaña política más ¢1.386 millones.

“Este órgano técnico desarrolla estos procedimientos de fiscalización para verificar la transparencia y publicidad de los recursos de origen privado que se utilizan para el financiamiento político electoral; ello responde a la aspiración que el Constituyente consagró en el artículo 96 de la Carta Fundamental, para lo cual en el marco normativo vigente, se incorporaron herramientas para verificar el origen y la trazabilidad de los recursos económicos utilizados por las organizaciones políticas para la cobertura de sus gastos”, explicó Chacón al hacer referencia, además, a lo establecido en el artículo 307 del Código Electoral donde se menciona la obligación que tienen las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas de suministrar el TSE la información que se requiera.
La potestad del Tribunal establece que pueden solicitar comprobación de solvencia económica a los contribuyentes de los partidos políticos y esto incluye la posibilidad de ubicar información registrada en la Dirección General de Tributación y a los bancos del Sistema Bancario Nacional.
Del total de personas que, a la fecha, deben probar ante el TSE su solvencia económica, se incluyen aportes en donación o la compra de bonos (certificados de cesión) a los siguientes partidos:
Estas personas aportaron montos que llegan hasta los ¢272.9 millones, este es el caso de Francisco Javier Quirós Ramos de Amaya (empresario) quien registra dicho aporte de dinero por la compra de bonos y donación al Partido Liberal Progresista (PLP).
Otras de las personas con aportes millonarios (superiores a los ¢20 millones) y que ahora deberán comprobar su solvencia económica son:
Otras 21 personas registran aportes a la campaña que van desde los ¢10 millones a los ¢19 millones y 30 más entregaron montos menores a los ¢10 millones.
Cada persona llamada a presentar dichos documentos que comprueben su solvencia económica tiene un plazo de 10 días para hacerlo, los cuales se cuentan desde el momento en el que recibieron la notificación.
“… a las personas indagadas se les solicita colaboración para aportar documentación idónea que permita comprobar el origen y trazado de los recursos”, informó el jefe del departamento de financiamiento de partidos políticos.
Para poder demostrar la solvencia económica las personas deberán demostrar sus actividades económicas, fuente de ingresos o condición patrimonial que permitió aportar dicho dinero al partido político.
Además, como parte de la documentación debe presentar su información bancaria para observar la trazabilidad de los movimientos económicos con la finalidad de poder comprobar que tienen un origen lícito.
Chacón explicó que como parte del proceso activo de revisión de datos y análisis de los documentos que los partidos políticos siguen presentando, aún se tiene la posibilidad de ampliar la lista de personas llamadas a comprobar su solvencia económica.
En el Tribunal aseguran que en caso de una persona no responda, o bien, no logre demostrar de manera adecuada la fuente de ingresos que le permitió hacer aportes de dinero a la campaña política deberá exponerse al marco sancionatorio vigente, así como sentarse responsabilidades a nivel penal.
“La negativa infundada a proporcionar dicha información, así como la existencia de indicios sobre la realización de contribuciones por interpósita mano, será motivo suficiente para remitir de inmediato el asunto al Ministerio Público”, señala el artículo 80 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos en su apartado de solvencia económica.
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