Víctimas de exsacerdote Mauricio Víquez acuerdan archivar demandas civiles contra la Iglesia

Las cuatro víctimas del abuso sexual del exsacerdote Mauricio Víquez suscribieron este miércoles, en San José, un acuerdo confidencial con la Conferencia Episcopal para archivar la demanda civil interpuesta contra la Iglesia católica por daños y perjuicios.

Los demandantes solicitaban ₡300 millones para resarcir la "actitud permisiva, complaciente y complice" de la organización religiosa ante los abusos de Víquez, condenado a 20 años de prisión en marzo de 2020 por uno de los casos de abuso sexual.

"Al finalizar la mañana e inicios de la tarde concluyeron positiva y favorablemente las negociaciones con los representantes de la Iglesia católica con el propósito de llegar a una conciliación final y suscribir finiquitos en las cuatro causas civiles", explicó a AmeliaRueda.com el abogado de los demandantes, Rodolfo Alvarado.

En un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis de San José —las partes demandadas— confirmaron que se llegó al acuerdo "con el fin de concluir estos procesos" de una forma que fue satisfactoria para "todas las partes".

El acuerdo incluye una cláusula de confidencialidad, por lo que la Iglesia rechaza dar más "declaraciones al respecto" y el letrado Alvarado no pudo revelar "ningún detalle", en virtud de que sería "violentar un acuerdo que yo mismo suscribí".

Las causas se estaban llevando a cabo en los tribunales del Primer Circuito Judicial de San José, explicó el abogado, que afirmó que tras este acuerdo se solicitó el archivo de las mismas. El acuerdo se suscribió en su despacho legal, en el barrio González Lahmann.

"Con ese convenio los representados míos, los ofendidos, precisamente en estos gravámenes tan fuertes y tan costosos para ellos, se encuentran complacidos, satisfechos, y la idea es que se pase la página", señaló Alvarado.

El exsacerdote fue condenado solo por uno de los cuatro casos de abuso sexual que se le achacaron, toda vez que los otros tres ya habían prescrito. Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en 2003, cuando el entonces sacerdote se encontraba en la iglesia de Patarrá de Desamparados.

La Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis de San José afirmó que la Iglesia "lamenta que se hayan presentado casos en contextos eclesiales y trabaja activamente por la prevención, con el fin de ofrecer ambientes seguros".