Por no asegurar a trabajadores ni pagar salario mínimo, tribunal de Alajuela condena a Tiendas SYR
Se trata de uno de los 16 casos abiertos contra la cadena de tiendas por supuestos abusos laborales; empresa tiene que pagar una multa de ₡4,2 millones
30/01/23 | 16:56pm
Por transgredir normas laborales como tener asegurados a los trabajadores o pagar el salario mínimo, el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela condenó a los representantes de la tienda SYR de esa ciudad al pago de una multa de ₡4,2 millones, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Según un extracto de la sentencia difundido por el MTSS, los responsables de ese establecimiento comercial son "transgresores de las leyes de trabajo y seguridad social", como por ejemplo la "omisión de aseguramiento ante la Caja Costarricense del Seguro Social, de entregar comprobantes de pago [y] de otorgar descanso semanal".
Otras omisiones halladas por el juzgado fueron "pagar la jornada extraordinaria, contar con una política (reglamento) para la prevención de prácticas de hostigamiento sexual, pago del salario mínimo, contar para disposición de las personas trabajadoras de un botiquín de emergencias, disponer el local de comedor y extintores de incendios".
La resolución número 2023000200 tiene fecha del 27 de enero de 2023, más de dos meses después de que el 18 de noviembre de 2022 se realizara un megaoperativo en decenas de tiendas de esta empresa, después de que trascendiera en redes sociales el video de una presunta agresión acontecida en uno de sus establecimientos a dos empleadas embarazadas.
Esta sentencia es sobre solo uno de los 16 casos abiertos contra la cadena de tiendas tras haber intervenido el MTSS 23 locales por medio de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo. "Hoy vemos cómo, dos meses después, estamos ante una condenatoria en primera instancia", destacó el viceministro laboral Walter Villalobos.
"Con la sentencia se confirman los hallazgos hechos por la Inspección Laboral, además de que se establece una acción correctiva al centro de trabajo y se ordena la restitución de los derechos laborales de las personas afectadas", añadió el viceministro.
El pasado 20 de enero, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial determinó que el dueño de esta empresa, de apellido Lin y de 26 años de edad, deberá permanecer tres meses más en prisión preventiva mientras se le investiga por los delitos de agresión, privación de libertad y tortura.