Reforma constitucional para permitir la extradición de ticos cuenta con el apoyo del fiscal general

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, manifestó que está de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional para avalar la extradición de costarricenses que propone el Gobierno de Rodrigo Chaves y que presentaron ante el Congreso los diez diputados de la fracción oficialista.

"Obviamente tiene que hacerse por reforma constitucional", señaló el jerarca del Ministerio Público en declaraciones a AmeliaRueda.com el pasado 15 de mayo, en la sede de la Fiscalía General, añadiendo que "sí estaríamos de acuerdo" con la extradición de nacionales cuando se trate de "delitos graves".

El proyecto de ley busca reformar el artículo 32 de la Constitución Política para que diga que "ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República".

El presidente Chaves anunció la iniciativa durante el lanzamiento de la llamada Operación Costa Rica Segura, el 19 de abril en un acto en la Plaza de la Democracia, y la fracción del partido oficialista Progreso Social Democrático (PSD) presentó el texto cinco días después en la Asamblea Legislativa.

"Las autoridades de Estados Unidos por años lucharon para que Colombia y México cambiaran su Constitución, para poder juzgar ellos nacionales de terceros países en su territorio cuando violen leyes americanas. Lo lograron. Convencieron y persuadieron a esos países", dijo el mandatario en abril.

La reforma "establece bajo qué condiciones" puede un costarricense afrontar la justicia en el extranjero en caso de que "mate a alguien", que "venda drogas en el extranjero", que "lave dinero", o que monte drogas "en contenedores" para llevarlas a otro país, en el marco del "crimen organizado", dijo Chaves.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se dice que "el artículo 32 de la Constitución Política no se deroga, sino que se adiciona una excepción para permitir la extradición de costarricenses en los delitos propuestos en esta reforma, siguiendo el espíritu del constituyente originario".

La iniciativa también ha sido secundada por la expresidenta Laura Chinchilla, cuyo gobierno propuso lo mismo en 2012. "El día que tengamos los Pablos Escobares costarricenses efectivamente nos vamos a dar cuenta de la importancia que es poder extraditar a un nacional", afirmó el pasado 8 de mayo.

El proyecto de ley se tramita en el Congreso bajo el expediente 23.701, pero aún no tiene asignada comisión.