Narcotráfico y terrorismo: los escenarios de extradición de costarricenses que propone el Gobierno

Si se aprueba una reforma constitucional que propone el Gobierno de Rodrigo Chaves, Costa Rica permitiría la extradición de ciudadanos costarricenses cuando sean requeridos por otros países por los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, según el proyecto de ley presentado este lunes.

Esta iniciativa fue anunciada por el mandatario Chaves el pasado miércoles 19 de abril como parte de una batería de proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo para frenar la inseguridad y delincuencia en el país. Este lunes se presentó ante el Congreso con la firma de los 10 legisladores oficialistas.

La propuesta tiene asignado el expediente 23.701 y ahora deberá asignársele una comisión que la estudie. El proyecto de ley contiene un único artículo, el cual reformaría el artículo 32 de la Constitución Política, que incluiría una salvedad que actualmente no figura en la Carta Magna.

Este es el texto del artículo 32 que propone el Gobierno:

En la exposición de motivos, los diputados de Progreso Social Democrático (PSD) explican que la globalización ha tenido el efecto negativo de "una floreciente criminalidad transnacional organizada que hinca sus raíces en los diferentes Estados", lo que crea la necesidad de este tipo de reformas.

El proyecto de ley dice que los diputados constituyentes de 1949 debatieron sobre la extradición de nacionales cuando discutían sobre el artículo 32 de la Constitución, por lo que "la reforma que se propone no fue ajena a la discusión constituyente", sino que, "más bien, fue considerada".

Países como México, Honduras, Panamá, Argentina, República Dominicana y Uruguay ya permiten la extradición de sus nacionales, argumenta el Gobierno. Esta medida "no implica valoración alguna sobre la culpabilidad de la persona solicitada", sino que se resume en "cooperación judicial", añade.

Para los diputados oficialistas, la prohibición de la extradición de costarricenses es "deficitaria", pues "son pocos los procesos penales llevados contra costarricenses que hayan sido requeridos en extradición por otros Estados". En todo caso, sostienen que la reforma no reduce los derechos de los ciudadanos.

"El artículo 32 de la Constitución Política no se deroga, sino que se adiciona una excepción para permitir la extradición de costarricenses en los delitos propuestos en esta reforma, siguiendo el espíritu del constituyente originario", concluye la exposición de motivos.

En este proyecto de ley "no hay nada extraordinario", dijo el presidente Chaves el pasado miércoles en una conferencia de prensa. "Existe mucho precedente en el mundo de esas extradiciones", añadió, citando casos como el de México y Colombia, que hicieron reformas constitucionales en el mismo sentido.

La iniciativa "simplemente establece bajo qué condiciones" los nacionales involucrados en crimen organizado, tráfico de drogas o lavado de dinero, por ejemplo, serían entregados a "las autoridades de cualquier país" para que enfrenten la justicia en esas jurisdicciones.

La Sala IV tiene jurisprudencia que ratifica la inconstitucionalidad de la extradición de ciudadanos costarricenses. Por ejemplo, en una resolución de 2015 dijo que el país "tiene la prohibición absoluta de expulsar o extraditar á cualquier nacional", y en otra de 1994 argumentó que tampoco pueda aplicarse a naturalizados.