Expresidenta Chinchilla apoya extradición, pero cuestiona plan de Chaves para contratar 300 policías

Después de reunirse este lunes por la mañana con los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la expresidenta Laura Chinchilla expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno para permitir la extradición de nacionales pero cuestionó el plan para fichar a 300 policías más este año.

Sobre el proyecto de ley para reformar la Constitución y permitir la extradición de nacionales buscados por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo —algo que su Gobierno también propuso en 2012—, la exmandataria dijo que "estoy de acuerdo" pues hay que atacar la "criminalidad organizada transnacional".

"Ojalá que no llegue a ser así porque estamos a tiempo de que no sea así, pero el día que tengamos los Pablos Escobares costarricenses efectivamente nos vamos a dar cuenta de la importancia que es poder extraditar a un nacional que le ha hecho daño no solamente a nuestro país sino también a otros países", dijo.

Aunque apoya que los jueces puedan tener "instrumentos" para extraditar a costarricenses por determinados crímenes, Chinchilla calificó de "ridículo" el plan del Ejecutivo de Rodrigo Chaves para crear 300 nuevas plazas de policía. "Frente a la magnitud del problema esto es ridículo; es un monto ridículo", criticó.

Chinchilla aseguró que "300 plazas de policía las absorbe el país muy rápido porque hay que dividirlas entre turnos, 50.000 kilómetros cuadrados, etcétera", continuó, por lo que manifestó que el Congreso tiene que pedirle al Gobierno un presupuesto extraordinario "de verdad" para realmente incidir en el problema.

El Ejecutivo envió el pasado viernes a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario por ₡6.000 millones, con el que se financiarían 200 nuevas plazas de oficiales en el Ministerio de Seguridad y otras 100 para investigación contra el narcotráfico. El Gobierno dijo que además contratará otros 400 policías en junio.

Para Chinchilla, los diputados deben aprobar el extraordinario pero a cambio de que el Ejecutivo presente un plan de trabajo y una propuesta de inversiones porque "desgraciadamente, la política de seguridad del gobierno no se sabe a dónde va", y que se comprometa a rendir cuentas periódicamente al respecto.

La expresidenta manifestó que "estamos atravesando la crisis más grave de seguridad que el país ha vivido" y pidió mayor coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para afrontar "esta escalada de violencia y de criminalidad". "Hay que actuar, y hay que actuar ya", espetó.

Quien fuera mandataria entre 2010 y 2014 también se mostró dispuesta a conversar con el presidente Chaves sobre este tema si surge la oportunidad. En la reunión de este lunes, además de diputados socialcristianos, estuvo presente el presidente del PUSC, Juan Carlos Hidalgo.