TSE resuelve a favor de Celso Gamboa: privados de libertad deben recibir toda la información necesaria para emitir el voto

El exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa Sánchez, detenido para fines de extradición, recibió un fallo a su favor tras reclamar por las limitaciones que tienen los privados de libertad de acceso a información electoral para emitir el próximo 1 de febrero un voto informado.

Por esta situación, Gamboa presentó un amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad que se resolvió dándole la razón y ordenando al Ministerio de Justicia a ampliar los medios de información a la población ubicada en los centros penitenciarios. 

Semanas atrás, dicho ministerio informó que estaba repartiendo los planes de gobierno de los candidatos y podcast; sin embargo, para el TSE el material entregado es insuficiente. 

El reclamo de Gamboa se basó en las disposiciones que se aplican desde abril anterior en los módulos llamados de alta contención, donde se impide acceso a radio, televisión y prensa escrita, lo que, a criterio del extraditable, le impedirá conocer de primera mano la información electoral como debates y entrevistas. 

Consultada sobre el tema, la magistrada presidente del Tribunal, Eugenia Zamora, dijo que se recibieron cerca de siete amparos electorales con el mismo reclamo; dos de ellos se rechazaron por falta de legitimación de los reclamantes y el resto (cinco) fueron declarados con lugar, incluido el de Gamboa. 

“… se ha declarado con lugar en que la Administración penitenciaria tiene la obligación de proveerle a los privados y privadas de libertad la información básica que requieran para poder emitir, igual que todos los demás ciudadanos y ciudadanos del país, un voto informado a partir del conocimiento de las propuestas de los partidos políticos”, dijo Zamora al explicar que ese es un criterio que se ha mantenido con el tiempo y que ha sido, incluso, expuesto a nivel internacional. 

La magistrada presidente dijo que la entidad tiene claro que la privación de libertad de una persona “no conlleva automáticamente la suspensión del ejercicio de los derechos político electorales, tal y como lo establece la Constitución Política”.