
Diligencias judiciales se realizaron el 13 de mayo del 2025
24/04/26 | 16:05pm
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública rechazó cuatro recursos de apelación presentados en el caso conocido como “pista oscura”, donde se investigan presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, ubicado en Liberia Guanacaste.
Con el fallo del Tribunal se determina que todos los 23 allanamientos realizados por el caso el 13 de mayo del 2025 y la prueba obtenida con las diligencias judicial fue lícita.
La resolución respalda las acciones a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y rechaza los cuatro recursos de apelación interpuestos por la empresa MECO y por algunos imputados.
“La notificación del fallo se recibió hoy (viernes), luego de que el pasado martes se realizara una audiencia con las partes interesadas.
“Los allanamientos en cuestión incluyeron 23 puntos, entre ellos, casas de habitación, oficinas públicas y oficinas de empresas privadas, diligencia de la cual se obtuvo evidencia importante y de interés para la investigación, así como la detención de cuatro imputados. Con la resolución del tribunal se declara en firme que la prueba obtenida es lícita”, señaló el Ministerio Público.
El caso se investiga en el expediente judicial 24-000454-1218-PE donde se analizan presuntas anomalías en la contratación y modificación del contrato que permitió la intervención de la pista de aterrizaje.
En esta causa se investiga a 15 personas y a una persona jurídica, para un total de 16 imputados.
El caso se dio a conocer el pasado 13 de mayo cuando se realizaron 23 allanamientos y la detención de cuatro personas: el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla; el presidente ejecutivo de la CNE, Alejandro Picado; el director ejecutivo de Aviación Civil, Marcos Castillo; y el jefe de fiscalización de la CNE, Henry Villalobos.

A los cuatro imputados en la causa se les señala por la “presunta comisión de irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, Guanacaste”.
Además, se menciona que hicieron uso de sus cargos de poder para presionar por cambios en el contrato que provocaron una intervención menor en la pista del Daniel Oduber y un perjuicio económico para el país.
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“Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
“Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A. Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República”, explicó el Ministerio Público.
Además, de acuerdo con las autoridades judiciales las modificaciones al contrato a favor de MECO provocaron que al contrato original de $40 millones sólo se le rebajaran $4 millones (10%), pese a que la empresa sólo se ejecutó el 33% de las obras previstas.
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