
Se declaró ineficaz la resolución que anuló las intervenciones telefónicas y se ordena nueva audiencia
22/04/26 | 16:29pm
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José acogió la apelación presentada por la Fiscalía en contra de la resolución que anulaba las intervenciones telefónicas como parte de las pruebas del caso judicial conocido como Diamante.
De acuerdo con el voto 144-2026 emitido la tarde de este miércoles y del cual AmeliaRueda.com tiene copia, se da con lugar la apelación y de esta manera la prueba clave para el caso sigue viva hasta tanto no se realice una nueva audiencia.
“POR TANTO: Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. En consecuencia, se dispone la ineficacia integral de la resolución emitida por el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, de las diecisiete horas cincuenta y seis minutos del diez de diciembre de dos mil veinticinco.
“Vuelvan los autos ante el Juzgado Penal para que, con distinta integración, proceda a resolver conforme a Derecho”, resolvió la jueza Ivannia Delgado.
Con esta resolución, el expediente judicial 20-009616-0042-PE regresará al Juzgado Penal para que, una vez más, un tribunal dimensione los alcances de la resolución emitida en diciembre anterior y que determinó que el proceso no podía ser calificado como crimen organizado y que a su vez declaraba ineficaz la prueba.
Cabe recordar que la declaratoria de crimen organizado del caso Diamante se anuló porque los abogados defensores de los imputados denunciaron que el documento presentado por la Fiscalía hacia uso de un “machote” de un caso relacionado con homicidio y al realizar el “copy - paste” olvidaron borrar ciertos elementos que son ajenos al expediente y que provocaron su anulación.
Al anularse la declaratoria de crimen organizado, las escuchas telefónicas realizadas entre febrero y abril del 2021 dejan de ser válidas porque surgen de la declaratoria inicial y, por ende, el resto de la prueba también se convierte en ineficaz.
El caso Diamante investiga supuestos actos de corrupción entre empresas constructoras, principalmente MECO y alcaldes de diversos cantones.
Las detenciones por el caso se realizaron en el 2021 e involucró a seis gobernantes locales en ejercicio, cinco de ellos ya no ocupan dicho cargo: Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Mario Redondo (Cartago), quien es el único que en este momento continua en dicho cargo.
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De acuerdo con la investigación, las empresas constructoras involucradas repartían sobornos para ganar contratos de obra pública, el caso se basa en escuchas telefónicas que fueron anuladas en diciembre anterior, resolución apelada y resuelta este lunes a favor de la Fiscalía.
El caso Diamante involucra a 13 personas: seis alcaldes, cinco funcionarios municipales y dos empresarios. Según el expediente judicial, todos se ponían de acuerdo para favorecer a MECO en las contrataciones de obra pública.
Las diligencias judiciales, allanamientos y detenciones por la causa se realizaron el 15 de noviembre del 2021.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el modo de operar del "grupo criminal" tenía independencia en cada municipalidad, pero el mecanismo es el mismo: el encargado de la empresa constructora contactaba directamente al alcalde señalado y funcionarios encargados de las obras viales y tras la entrega de dádivas lograban un trato preferencial en los procesos de licitación, pagos adelantados, inicio anticipado de obras, facilidades irregulares que les daban ventaja ante el resto de empresas.
En el caso se vinculan otras empresas, por ejemplo, Explotec y encargadas de plantas de asfalto.
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