Sugef pide a diputados suspender trámite del proyecto de estafas bancarias y advierte de “graves problemas de diseño”
Propuesta obliga a los bancos a responder en 30 días a los usuarios
03/03/26 | 11:58am
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa suspender el trámite del proyecto 23.908 que traslada a los bancos la responsabilidad de responder en un plazo de 30 días ante casos de estafas informáticas que sufren los usuarios del servicio.
La entidad adviertió de “graves problemas de diseño” en el texto y que esto generaría incertidumbre y riesgos para todas las partes.
Mediante un comunicado de prensa, la Sugef pidió poner pausa al proyecto que ya fue aprobado en primer debate y que se tiene previsto votar en segundo debate esta semana.
Ante esto, la Superintendencia solicitó “enviar el texto a consulta facultativa a la Sala Constitucional y corregir las inconsistencias de fondo”.
El pronunciamiento de la entidad señala que tras analizar el contenido del proyecto identificaron cinco “riesgos” que ponen en duda que el proyecto realmente sea una solución para los usuarios.
“La Sugef reafirma y comparte la urgencia de proteger a las personas usuarias ante los delitos electrónicos. No obstante, toda política pública responsable debe traducirse en una ley aplicable y coherente con la legislación vigente”, manifestó la entidad.
Los cinco señalamientos de “diseño grave” que emite la Sugef son:
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- Traslada las disputas a un mecanismo que puede terminar en tribunales.
- Desnaturaliza el rol de la Sugef y tensiona garantías básicas.
- Puede dejar al usuario en desventaja práctica.
- Promete más de lo que puede ejecutar.
- Contraviene el marco institucional vigente.
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La Sugef emitió un criterio sobre cada uno de los puntos de alerta y explicó que los plazos en los que se pretende resolver los casos, según el proyecto de ley, son muy reducidos y no existe un procedimiento claro sobre mecanismo de análisis de evidencia y posición de las partes.
“Esto puede desplazar el conflicto hacia la vía judicial y generar demoras, costos y frustración para las partes afectadas”, señalan, al agregar que el texto intenta darle a la Superintendencia competencias de regulación que no le corresponden y funciones que son propias de un tribunal o instancia de resolución de controversias “lo que es incompatible con las funciones que tiene asignadas por ley”.
“El proyecto promueve una ilusión de seguridad que podría no materializarse, debido a su inviabilidad operativa y a los riesgos legales que plantea. Esto podría traducirse en una ley inoperante en la práctica, alejándose de una protección efectiva para la persona usuaria. Lo anterior se contrapone a los principios de una política pública responsable”, agregó la Superintendencia.
La Sugef se puso a disposición de los legisladores para crear el texto adecuado en la materia, tomando en cuenta los aspectos técnicos necesarios.
“… construir una alternativa realista, implementable y efectiva, que proteja a la ciudadanía sin generar efectos adversos”, pidió la Superintendencia a los diputados.