Ocho sentencias de la Sala IV en el último año alertan sobre contaminación del agua en Costa Rica

Desde Oreamuno hasta Cañas, pasando por Orotina y Santa Bárbara: el agua contaminada afecta a muchas comunidades en el país, y así lo evidencia el historial reciente de sentencias de la Sala Constitucional al respecto.

Desde 2020, los magistrados del alto tribunal han emitido 12 fallos en los que ordenan a las autoridades tomar una serie de acciones en casos de agua contaminada o bien brindar información sobre el tema a los vecinos de las comunidades afectadas que han reclamado soluciones urgentes.

Ocho resoluciones han ocurrido en el último año; solo en lo que llevamos de 2023 el total es de seis fallos. La mayoría de los casos conciernen a la provincia de Alajuela, en donde se han declarado con lugar amparos sobre el recurso hídrico en comunidades de cinco cantones.

En junio, la Sala IV declaró con lugar un recurso contra el Ministerio de Salud, el AyA y la Asada de Santa Rosa de Oreamuno (Cartago), y acreditó que el acueducto de esa comunidad tiene contaminación de clorotalonil, un plaguicida prohibido en la Unión Europea.

Los magistrados dieron seis meses a las autoridades para ejecutar las recomendaciones de un informe de Salud sobre la presencia de ese químico en el agua, que pide expresamente "la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica". El Gobierno aún no ha tomado una decisión.

Poco después, la Sala emitió otro fallo sobre agua contaminada con arsénico en San Rafael de Esparza (Puntarenas), y exigió a las autoridades competentes determinar la causa de la contaminación en un plazo no mayor a seis meses.

Procesos extensos

Los procesos para solucionar estos problemas son extensos. Es usual que los habitantes de comunidades afectadas por este problema usen agua de camiones cisterna, pues las resoluciones de la Sala suelen exigir esa alternativa mientras se busca una solución al problema.

Un informe de la Intendencia de Agua de la Aresep con fecha del 16 de junio indicó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados carece de un sistema para prevenir este tipo de afectaciones en la calidad del servicio del agua potable.

"AyA ha actuado una vez que la afectación se ha materializado y los usuarios del servicio de acueducto han visto afectada la calidad del recurso hídrico que reciben", dice el informe, que cita casos como el del clorotalonil en Oreamuno o uno sobre bromacil en la Zona Norte.

En julio de 2020, la Sala IV emitió un fallo en el que apercibió a Salud, al AyA y al Servicio Fitosanitario del Estado a realizar un monitoreo trimestral de todas las fuentes de agua en Pital de San Carlos, en aras de controlar una posible contaminación con bromacil u otros herbicidas.

50 kilómetros al norte, a la altura de Crucitas y otras comunidades fronterizas, la contaminación del agua con mercurio impulsó una declaratoria de emergencia por parte del Gobierno, en marzo pasado, para resolver el problema y llevar agua potable a esas personas.

La solución anunciada por el Gobierno consiste en obras por más de ₡650 millones para restaurar caminos que permitan llevar agua potable en cisternas a los vecinos de las comunidades afectadas por el mercurio, que han tenido que recorrer largas distancias para conseguirla.

Además de los casos mencionados, en las sentencias de los últimos años se han abordado problemas de falta de agua y agua sucia en comunidades de Orotina, agua contaminada por residuos en un caserío en Naranjo, y una naciente contaminada en Abangares (Guanacaste), entre otros.