Recorte al presupuesto del Poder Judicial pasará de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones, anuncia presidenta Fernández
Mandataria mantiene condiciones para el desembolso de los recursos
14/09/26 | 11:11am
El recorte para el presupuesto 2027 del Poder Judicial pasará de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones, según anunció en cadena nacional la presidenta de la República, Laura Fernández.
La diferencia de ¢16.000 millones la asumirán las instituciones de Gobierno según explicó la mandataria.
Fernández dijo que la decisión se toma para evitar que las autoridades del Poder Judicial culpen a la Administración de no poder perseguir la delincuencia y agregó que, pese a la reducción del recorte planteado, se mantiene requisitos para el desembolso de los recursos.
“No puede ser que los jerarcas del Poder Judicial mientan, diciendo que este Gobierno es el responsable de que el OIJ no pueda seguir a los delincuentes ni trabajar en ninguna otra cosa a partir de diciembre de este año porque los recortes que ni siquiera se han aplicado todavía.
“Estos problemas que llevan años ¿son mi culpa? A mí no me utilizarán como excusa de sus errores”, dijo la mandataria al anunciar que tenía un mensaje para las autoridades judicial.
Fernández manifestó que dio la instrucción de reducir el recorte previsto para el Poder Judicial, el cual quedaría fijado en ¢11.000 millones y no en ¢27.000 millones como se anunció inicialmente.
Sin embargo, también dejó claros que los desembolsos se realizarán en tracto y previo cumplimiento de tres requisitos que estableció el Gobierno, los cuales han sido criticados por el Poder Judicial.
Anuncio
“Pueden estar tranquilos, tendrán recursos para las armas y los chalecos antibalas; no tendrán que tirarles piedras a los delincuentes como irresponsablemente han dicho ante los medios de comunicación”, señaló la presidenta de la República al explicar que el recorte previsto representa un 2% del presupuesto de dicho Poder y retiró que la decisión se toma no porque ahora se tenga más dinero, sino porque otras entidades asumirán la diferencia de ¢16.000 millones de la rebaja que inicialmente era para el Poder Judicial.
“Pero ojo, esta no es una respuesta complaciente, el Poder Judicial tendrá que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de ese dinero”, agregó la mandataria al hacer referencia a los gastos de dicha entidad en “salarios millonarios” y aumento en el pago del alquiler del edificio que ocupa la Sala Constitucional.
En tractos
Tras la reducción del recorte, el Gobierno anuncia que liberará en tractos los recursos al Poder Judicial tras el cumplimiento de tres pasos.
- Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa deberá evaluar las cuentas auditadas del fideicomiso que tienen para infraestructura judicial
- Contraloría General de la República deberá certificar el cumplimiento de las disposiciones de sus auditorias sobre esas obras
- Comisión de Ingreso y Gasto Público y posteriormente el Plenario, deberán dar luz verde al Ministerio de Hacienda para la liberación de los recursos
“La Asamblea Legislativa decidirá con base en el desempeño, con base en resultados, mora judicial, pifias de la fiscalía, errores judiciales, impunidad y corrupción del Poder Judicial.
“Yo espero que, por el bien de Costa Rica, el Poder Judicial comience a administrar bien los recursos que recibe”, dijo Fernández.
Respuesta de la Corte
Reiteran afectación
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, reaccionó la mañana de este lunes a lo dicho en cadena nacional por la presidenta de la República y reiteró que el recorte presupuestario y las condiciones establecidas para el uso de los recursos sí generarán un impacto en el funcionamiento de la entidad.
El magistrado dijo que la discusión no se debe dar únicamente sobre el dinero recortado del presupuesto, sino también sobre la disponibilidad, es decir, cuándo se podrá hacer uso de los recursos.
Ante esto, desde dicho Poder de la República se reitera que, de mantenerse las reglas de uso de los recursos establecidas por el Poder Ejecutivo, habrá afectación como el impacto en las investigaciones, tecnología, la protección de víctimas y el funcionamiento de los tribunales.
“Se pretende establecer de manera exclusiva para el Poder Judicial una serie de requisitos para utilizar parte de los recursos que ya fueron presupuestados. Para liberar esos recursos se requiere, según las nueva formulación presupuestaria, de trámites y aprobaciones que involucran a una comisión legislativa, al Plenario legislativo y al Ministerio de Hacienda y aquí hay una diferencia, muy fundamental, fiscalizar significa comprobar que los recursos se utilicen correctamente y conforme a la ley; otra cosa es condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse, esto en forma independiente como lo señala la Constitución Política y no con intervención administrativa de otro Poder de la República” dijo Aguirre.
La semana anterior se analizó en Corte Plena el impacto del recorte inicial que planteaba el Poder Ejecutivo y las normas de ejecución que se implementaron para el presupuesto del 2027 como la norma 9, donde se establecen los requisitos que se deben cumplir previo al desembolso.
Sobre este aspecto que la mandataria reiteró, la Corte Plena explicó que generará una afectación porque su cumplimiento, al depender de otras entidades, tardaría hasta seis meses, lo que provocaría que el dinero se gire en un momento del año donde ya no será posible su utilización de manera adecuada.