Proceso de elección de magistrados suplentes de Sala IV está “materialmente agotado”, argumenta presidenta del Congreso al pedir a Corte nómina nueva
Yara Jiménez señala que devolver la lista de candidatos y pedir una nueva conformación “es la alternativa más compatible” ante la falta de consenso
16/07/26 | 17:25pm
El proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional está “materialmente agotado”, así lo argumenta la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, al presentar la resolución donde se pide a la Corte Suprema de Justicia conformar y enviar una nueva nómina.
La diputada explicó en su análisis que la lista en discusión no tendrá el consenso para lograr la mayoría calificada de los votos (38), esto al tomar en cuenta que ya se han realizado sin éxito 11 rondas de votación en dos periodos constitucionales diferentes, con integración de diputaciones diferente.
“… que la Asamblea Legislativa ha ejercido de manera plena y diligente la competencia constitucional que le corresponde, sometiendo reiteradamente la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia a consideración del Plenario Legislativo, de modo que el procedimiento parlamentario no puede considerarse omiso ni inactivo, sino materialmente agotado respecto de la nómina actualmente sometida a conocimiento del Congreso”, menciona Jiménez en la resolución de 18 páginas, la cual se dio a conocer este miércoles en Plenario y quedó en firme por mayoría este jueves al rechazarse con 30 votos del oficialismo las apelaciones presentadas en contra de la decisión.
Tras la votación, la presidenta del Congreso ordenó archivar el expediente 25.258 sobre la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional y se ordenó a la Secretaría del Directorio informar a la Corte Suprema de Justicia lo acordado por la mayoría de los diputados.
Nueva nómina
A criterio de la presidencia del Congreso, con el respaldo de la bancada de gobierno, los diputados no están obligados a seguir repitiendo votaciones infructuosas, esto al demostrarse que no se tendrá consenso con los nombres actualmente propuestos y por esta razón se devuelve la nómina a la Corte, pidiendo una nueva conformación y una lista completa con 24 candidatos.
Jiménez afirma que mantener activo el proceso con los mismos nombres representa un uso inadecuado de recursos.
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“Persistir indefinidamente en la repetición de votaciones cuyo resultado razonablemente puede anticiparse como invariable no fortalece el principio democrático; por el contrario, puede vaciar de contenido la propia competencia constitucional al convertir el procedimiento en una sucesión indefinida de actos incapaces de producir el efecto jurídico para el cual fueron previstos.
“Toda actuación de los órganos públicos debe ajustarse a los principios de eficacia, eficiencia, razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y buena administración, principios que informan el ejercicio de la función pública conforme a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública”, explica la diputada presidenta, quien manifesta que mantener las votaciones “retrasaría la posibilidad de adoptar una solución institucional que permita avanzar hacia la efectiva integración de la Sala Constitucional con magistrados suplentes”.
Analizando dichos aspectos, Jiménez asegura que la devolución de la nómina se convierte en “la alternativa más compatible con los principios de buena administración, economía procesal y eficacia constitucional”.
La resolución de la presidencia del Congreso asegura tener argumento legal y constitucional, y reitera que no es posible mantener activo un proceso con una nómina que ha demostrado que no generará consenso.
Ante esto, Jiménez toma la decisión de devolver la lista de candidatos y hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia a asumir una actitud de “colaboración entre Poderes del Estado”.
Apelaciones rechazadas
La resolución emitida desde la presidencia del Congreso y aprobada por el oficialismo recibió cuatro apelaciones que no encontraron tierra fértil en Plenario.
Todas fueron rechazadas con el voto de los 30 diputados de la fracción de gobierno.
Previo a la votación, los jefes de fracción de la oposición tomaron la palabra para referirse al fondo de su apelación.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, calificó la decisión de “incorrecta y peligrosa” y manifestó que devolver la nómina de los candidatos tiene el “evidente propósito de arrastrar a la Asamblea Legislativa en una lucha sin cuartel que el Poder Ejecutivo le ha declarado al Poder Judicial”.
La legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, también tomó la palabra para reiterar que desde el oficialismo no ha logrado dar un solo argumento técnico para oponerse a la elección de los magistrados suplentes.
“Aquí lo que existe es una estrategia clara y premeditada de debilitar la Sala Constitucional y de llevarla eventualmente a una parálisis técnica, lo cual sería absolutamente grave”, dijo.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, se sumó a la crítica y rechazo a la decisión tomada desde la presidencia del Congreso: “su decisión convirtió ilegalmente una función administrativa en un veto político y ese es un precedente muy grave que no podemos normalizar”, dijo la legisladora.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, calificó la decisión tomada, de devolver la nómina por segunda vez a la Corte como un acto de prevaricato, incumplimiento de deberes, conducta ilegal y arbitraria.
“Es un acto carente de justificación. Lo que está detrás es un interés político, quieren tomar el control de la Corte y quieren bloquear a la Corte Plena para que no pueda conocer los casos de corrupción del gobierno anterior y de figuras de este gobierno que están haciendo fila para ser conocidos”, manifestó Villalta.