Presidente Chaves y los exministros Amador y Díaz también figuran en investigación por contrato en aeropuerto de Liberia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como los exministros de la Presidencia y Obras Públicas y Transportes (MOPT), Natalia Díaz y Luis Amador, respectivamente, también son parte de las personas investigadas en el expediente 24-000030-1218-PE, relacionado con las obras de mejora en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ubicado en Liberia, Guanacaste. 

Así lo confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, durante las diligencias judiciales realizadas este martes y que culminaron con la detención del exministro del MOPT, Mauricio Batalla, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, el director de Aviación Civil, Marcos Castillo y otro funcionario de apellido Villalobos quien ocupa el cargo de jefe de la unidad de fiscalización de obras en la CNE.

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Imputados

Tras realizar 23 allanamientos y cuatro detenciones, las autoridades judiciales informaron que la investigación sobre presuntos actos irregulares en la contratación y ejecución de las obras de mejora en la pista de la terminal aérea se mantienen, incluso de manera paralela, ya que en el caso del presidente Chaves, señalado por presunto abuso de autoridad en el caso, está en trámite en la Fiscalía General. 

Además, por el momento, quedaron fuera de las diligencias judiciales los exministros Amador y Díaz. 

“No conozco los detalles del expediente, pero respaldo cualquier investigación que busque aclarar este tema.

“Si la Fiscalía requiere información adicional o mi participación en cualquier etapa del proceso, estaré disponible para colaborar y aclarar lo que sea necesario”, manifestó la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, sobre el tema ante la consulta de AmeliaRueda.com

Por su parte, en representación de Luis Amador, este medio conversó con su abogado en el país, Gerardo Huertas, quien manifestó estar pendiente al proceso y dispuestos a aclarar toda la información que sea necesaria sobre el caso. 

“En este momento a lo que nosotros tenemos al día de hoy, no se está requiriendo a Luis Amador ni se está requiriendo ningún tipo de detención contra Luis Amador, por lo menos a lo que consta en el expediente… tampoco habría razón procesal de estarlo requiriendo y mucho menos pedir la detención de Luis Amador porque sería un acto totalmente abusivo porque Luis Amador, hay que recordar, que a diferencia de los demás imputados se presentó voluntariamente a la causa”, manifestó Huertas. 

Al presidente y los dos exministros se les señala por haber, presuntamente, promovido y avalado, que se incluyeran las obras de la pista del Daniel Oduber dentro del decreto de emergencia que promovía reparaciones tras las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Bonnie; fenómeno natural que impactó la zona norte y el Caribe. 

Investigación

En el expediente judicial en curso se investigan diversos presuntos incumplimientos en diversas líneas, primero en el trámite que permitió incluir los daños de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en un decreto de emergencia que correspondía a otra zona del país. 

Además, se investigan irregularidades en el desarrollo del contrato y la ejecución de las obras, ya que se pagó un precio superior en referencia a los trabajos que finalmente se hicieron. 

Incluso, se señala al exministro Batalla y el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, por presuntamente presionar para el avance del contrato pese al criterio técnico de la Unidad Ejecutora a cargo. 

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Entre los sitios allanados este martes se encuentran las casas de habitación de las personas detenidas, además, de las oficinas del MOPT, CNE y Aviación Civil. También se hicieron allanamientos en la compañía MECO y en las empresas Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y en Ingeniería de Pavimentos. 

Sobre lo ocurrido, la constructora emitió un comunicado de prensa donde manifestaron que “la empresa se encuentra colaborando con lo requerido por las autoridades como parte de las investigaciones” y agregaron que mantienen las operaciones de manera regular en los diferentes planteles.
Agregaron en el documento que no se referirán a los allanamientos por tratarse de un “caso en desarrollo”.