Poder Judicial justifica cambio de medida a hombre que mató a vecino en Escazú: dictamen forense concluyó que la cárcel no garantizaba necesidades médicas

El Poder Judicial justificó este martes el cambio de medida para el hombre de apellidos Ramírez Zamora, quien en junio del año anterior mató a su vecino tras una discusión en un condominio ubicado en Escazú. 

El sujeto, que estaba en prisión, se encuentra desde el pasado sábado 3 de mayo en arresto domiciliario. 

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades judiciales explicaron las razones por las que se tomó la decisión y señalaron que la medida no corresponde al descuento de la condena, ya que ésta aún no está en firme. 

Agregaron que el arresto domiciliario se está cumpliendo en un domicilio diferente al lugar donde vivía la víctima y ocurrieron los hechos.

"El cambio de medida se debe a que el imputado fue sometido a una intervención quirúrgica necesaria por una condición médica grave. Informes médicos oficiales establecieron que el sistema penitenciario no puede garantizar el tratamiento, atención médica y alimentación adecuada que requiere su recuperación.

"Antes de tomar esta decisión, ya se habían otorgado dos permisos con custodia penitenciaria para que el imputado pudiera recibir atención médica especializada. Sin embargo, un dictamen forense confirmó que el sistema penitenciario no puede atender sus necesidades médicas actuales", informó el Poder Judicial.

Agregan en la información que este lunes se tomó la decisión de incorporar el monitoreo electrónico para el imputado y que la medida de arresto domiciliario vence el 3 de septiembre cuando se acaba el plazo de prisión preventiva establecido y momento para el cual Ramírez Zamora deberá regresar a prisión. 

Niegan posibilidad de fuga

Andrés Durán es el abogado del imputado, quien asegura que las decisiones tomadas en el caso tienen el respaldo legal y médico necesario. 

Además, el defensor de Ramírez Zamora rechaza la posibilidad de fuga de su cliente tras el cambio de medidas. 

Durán asegura que la posibilidad de que el sujeto fuera enviado a cumplir la medida de prisión preventiva desde la casa de sus padres ubicada en San José, cumplió con todo el procedimiento que establece la legislación costarricense. 

Asegura que el hombre aún no descuenta su condena de 20 años de prisión dictada en diciembre anterior, ya que la misma fue impugnada ante el Tribunal de Apelaciones, lo cual está pendiente de resolverse. 

“Estamos en un sistema republicado democrático, los procesos judiciales se discuten y se deciden de conformidad con la prueba y la prueba en este caso lo que nos dice es que mi patrocinado tiene enfermedades, ha sido tratado por enfermedades y operado lo que amerita que esté en casa por cárcel.

“No es que Eduardo Alonso esté libre, eso es totalmente falso, el pasaporte de Eduardo Alonso fue entregado desde la primera audiencia de medidas cautelares que se hizo el 3 de junio del 2024, con lo cual el peligro de fuga es casi nulo, menos con la circunstancia de la enfermedad que posee Eduardo Alonso”, dijo el abogado al agregar que una vez que termine el plazo establecido, el hombre señalado por matar a su vecino regresará al centro penal. 

Andrés Durán – abogado

De acuerdo con el defensor, su cliente padece desde el año 2019 de obstrucción de su intestino grueso (diverticulitis) y por eso requirió una operación, la cual ahora amerita un proceso de recuperación que incluye, por ejemplo, una dieta estricta. 

Durán dijo que la recomendación de realizar la operación en este momento fue avalada, incluso, por los peritos del Poder Judicial: “si un divertículo de esos se estalla le puede provocar la muerte, por eso es que se prefirió operar, cortar un poco el intestino grueso para evitar un problema grave”. 

Ante la situación de salud, que mantiene al sujeto en silla de ruedas, y ante la imposibilidad de cumplir la dieta enviada en la cárcel, fue que el Tribunal a cargo determinó el cambio de medidas. 

“Eduardo Alonso terminará su periodo de convalecencia y entrará al centro penal nuevamente”, manifestó el abogado al explicar que durante todo el proceso la familia de la víctima del caso recibió la información y fue notificada de todos los dictámenes médicos generados. 

El abogado asegura que la posibilidad de fuga es inexistente y que desde el inicio del proceso incluso se ofreció una fianza que daba garantía a que su cliente se iba a mantener apegado al proceso.

“Cómo me vienen a decir ahora, casi un año después, que es que él se va a fugar si el pasaporte fue entregado; no puede salir a sacar un pasaporte nuevo porque esta en casa por cárcel, Eduardo Alonso no va a incumplir con las medidas cautelares entonces, ¿Cuál fuga?, no entiendo cómo se podrá fugar y menos con la situación médica que él tiene; él no puede caminar, él es transportado en silla de ruedas porque todavía está con heridas que tienen que estar tratando de la operación de la que fue objeto. 

“Igualmente nosotros quisimos dar una fianza (al inicio del proceso). La casa de los padres se iba a hipotecar como garantía y aun así en ese momento nada de eso fue escuchado por parte de las autoridades”, dijo Durán al agregar que la decisión tomada en este momento por el Tribunal fue la correcta en la línea de salvaguardar la salud de su cliente. 

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