
Propuesta permitiría internar a las personas en esta condición para iniciar proceso de desintoxicación y reinserción social
22/07/26 | 13:54pm
La población habitante de calle en Costa Rica se triplicó en cuestión de 10 años, así lo revelan los datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Las cifras señalan que la cantidad de personas en esta condición pasó de 1.825 en el 2015 a 7.133 a septiembre del 2025 (último registro disponible).
Ante esto, desde la Municipalidad de San José se inició un proceso de acercamiento con las tres bancadas de mayor representación en el Congreso para impulsar un proyecto de ley que permita la atención integral de la problemática.
La intención es generar presupuesto específico para atender a la población en condición de calle, crear herramientas legales para su atención e intervención y obligar a todas las instituciones del Estado a sumarse a la búsqueda de soluciones.
Así lo explicó el alcalde de San José, Diego Miranda, quien espera contar con el apoyo del Poder Ejecutivo y por esta razón se enviará una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández.
El gobernante local comentó que la normativa abarca todas las áreas de intervención necesarias, teniendo claro que la población habitante de calle es muy diversa y requiere de herramientas legales para el abordaje por parte de las policías municipales y la Fuerza Pública.
“Es un problema que tenemos que dimensionar en función de cómo se ha venido acrecentando y que ya no da para más. Tenemos que sentarnos todos, indistintamente del Poder de la República que esté y de las fracciones o de los intereses particulares que cada quien tenga, yo creo que este tema tiene una única bandera.
“¿Qué es lo que ha planteado la Municipalidad de San José? Fases de atención, dependiendo de las características de la población, porque no es lo mismo una persona que está absolutamente precarizada a una persona que igual vive en la calle pero que tiene determinadas condiciones, no es lo mismo una persona que es adicta y tiene problemas de salud mental, a una persona que solo es migrante, por decirle algo”, explicó Miranda en el programa Nuestra Voz.
Para el alcalde josefino, es urgente tomar en cuenta la segmentación de la población habitante de calle y con esto generar planes de intervención que permitan incluso habilitar a las autoridades para que trasladen a un centro de atención a quienes tienen condiciones de riesgo, por ejemplo, adicciones y problemas de salud mental.
“Al día de hoy el Estado no puede intervenir, así tengamos determinado que esa persona se daña a sí misma, daña su entorno y tiene esas dos condiciones (adicción y problema de salud mental)”, explicó el funcionario.
Para el alcalde, la necesidad de tomar acciones es urgente, debido a que actualmente ya se registran espacios públicos o incluso barrios que “se han perdido” por la cantidad de personas habitantes de calle que registran.
El inicio de la mesa de diálogo marca un avance en la búsqueda de soluciones y consensos.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Ángela Aguilar impulsa el avance del proyecto de ley y afirmó que tiene el respaldo de las fracciones de mayor representación en el Congreso, es decir, del Frente Amplio (FA) y el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Para la legisladora, se tiene claro que la problemática sobre la atención a la población de calle y su incremento en cantidad no sólo representa un inconveniente social de la persona involucrada, sino que también provoca una problemática de salud pública, económica y de seguridad.
“Hasta el momento lo que se ha hecho es simplemente actuar en lo que es la reducción del daño”, mencionó la diputada verdiblanca.
El expediente busca generar un respaldo legal para que las autoridades policiales también puedan actuar al respecto.
“Podemos hacer un albergue de cinco pisos con todas las atenciones, pero actualmente la ley no permite que ninguna policía y ninguna institución pueda llegar y llevarse a una persona que está en situación de calle y pueda trasladarla a ese centro y mantenerla.
“Entonces, la ley que estamos previendo, que tiene también las consultas legales, que es uno de los temas que estuvimos hablando en la reunión para meter el componente legal donde se le dé esa seguridad jurídica, y esa facultad para poderlos trasladar y para poder tener un proceso de internamiento, desintoxicación y todo un proceso de reinserción para darles herramientas, para que cuando realmente se desintoxiquen y puedan salir tengan también instrumentos para poder tener trabajo y poder salir adelante”, explicó la diputada.
Aguilar manifestó que la visión sobre los derechos humanos debe verse desde la desprotección que tienen las personas al estar en la calle sin alimentación y cuidados, y no desde la óptica de que ellos pueden decidir si se rehabilitan o no, y para eso se requiere el trabajo en conjunto.
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