Obras de ampliación de ruta San José – San Ramón requieren más de 500 expropiaciones, estima Conavi al iniciar proceso de liberación de terrenos

Las obras de ampliación de la carretera entre San José y San Ramón requerirán al menos 503 expropiaciones, según estimaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La institución inició el proceso de contratación de servicios especializados para avanzar con la liberación de terrenos necesarios para ejecutar el proyecto.

A través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), se tramita la adjudicación de un contrato por ¢310 millones para servicios de topografía y agrimensura. Esta labor contempla la ubicación, medición, delimitación y gestión de las propiedades que deben ser expropiadas.

Para el Conavi, esta contratación es un paso clave que permitirá agilizar y dar soporte técnico al proceso de expropiaciones, considerado uno de los principales retos de la obra.

Según detalla el cartel de licitación, los 503 terrenos están distribuidos a lo largo de las distintas secciones del corredor vial.

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El proceso No. 2025LY-000013-0006000001 para la contratación de los “Servicios de agrimensura y de apoyo, según demanda, para la gestoría integral de adquisición predial o expropiaciones, requeridas para disponer del derecho de vía necesario para el desarrollo del proyecto de ampliación y mejoramiento del corredor vial San José – San Ramón y radial Río Segundo” se encuentra en etapa de recepción de ofertas, período que concluye el próximo 23 de julio. 

De forma paralela aún se espera que el Poder Ejecutivo envía a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que avala el préstamo para el desarrollo de las obras. 

“Esta contratación representa un hito estratégico en la gestión del proyecto, al permitir avanzar de manera ordenada en la adquisición de los terrenos requeridos  para la constricción y ampliación de esta importante ruta nacional”, manifestó el Conavi al explicar que por medio de esta contratación para garantizar la adquisición de terrenos se logrará la contratación de topógrafos, abogados, notarios, ingenieros de apoyo y gestores viales para la elaboración de planos, inscripción de terrenos y otras acciones necesarias para lograr acceso al derecho de vía. 

La contratación activa se define en los documentos como “una respuesta a la ausencia histórica de considerar la liberación predial en la planificación para el desarrollo de los proyectos de Infraestructura Vial”. 

En la información se menciona que el costo del contrato será de ¢310 millones para la elaboración de los 503 planos necesarios (expropiaciones pendientes); sin embargo, para este año la estimación aprobada de gasto es de ¢110 millones.

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