
Ministro avaló contratación dirigida a Edificar: “incorporar otro contratista generaría reprocesos, riesgos de incompatibilidad y atrasos”
10/11/26 | 11:01am
El Ministerio de Justicia dejó en firme la contratación, mediante un procedimiento especial calificado como “de urgencia”, para construir una cocina en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), infraestructura que no fue contemplada en los diseños originales de la nueva cárcel.
El contrato para ejecutar el proyecto, por un monto de $10 millones, quedó formalizado con Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. (Edificar), empresa a la que el Ministerio dirigió directamente el procedimiento de contratación.
Según las autoridades, la obra es necesaria porque actualmente la alimentación de las personas privadas de libertad recluidas en ese centro depende de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, en La Reforma, ubicada a 2,8 kilómetros de distancia.

El procedimiento de contratación habilitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) señala que el presupuesto disponible para el proyecto es de ¢5.118 millones, aunque en los documentos de adjudicación se señala que la oferta presentada por edificar es por un monto menor, $10.026.045 (¢4.560 millones aproximadamente al tipo de cambio de hoy).
En los documentos de contratación se explica que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, avaló la contratación dirigida a una única empresa tras recibir recomendaciones técnicas que sustentaban la decisión.
“entendiendo que su experiencia en construcción dentro de centros penitenciarios; el conocimiento de los controles de ingreso y seguridad; la ejecución de movimientos de tierra, terrazas, rellenos, vialidad y obras provisionales del CACCO; la necesidad de integrar la cocina con las redes y sistemas existentes y la disponibilidad de personal y logística ya instalados y acreditados, tornan su propuesta como la que mejor satisfaría el interés público y la necesidad administrativa urgente que ha surgido.
“Según el Departamento de Arquitectura, incorporar otro contratista generaría reprocesos, riesgos de incompatibilidad, atrasos, posibles afectaciones de garantías y dificultades para atribuir responsabilidades. Por estas razones especiales, autorizo atender la urgencia con una única propuesta, la de su representada, Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. (Edificar)”, menciona el jerarca en el oficio MJP- DM- 911-2026 enviado a la compañía.

Tras esta decisión, el proceso de contratación de urgencia avanzó con una única oferta, empresa que estará cargo del proyecto denominado “Construcción, obras complementarias y avituallamiento de cocina del Cacco”.
“El objeto contractual comprende una cocina con capacidad para atender a 5.100 personas privadas de libertad y aproximadamente 1.000 funcionarios administrativos y policiales, conforme al dimensionamiento definido por las unidades técnicas”, señala el procedimiento, donde, además, se define que el proyecto deberá estar listo en 225 días naturales.

("Por recomendación técnica", Justicia dirigió la contratación a la misma empresa que se encargó de la construcción de la nueva cárcel. Fotografía: Sicop)
El cronograma establece 30 días para la fase de tramitología y 195 días para la fase constructiva y de equipamiento.
La contratación especial se tramitó en la modalidad llave en mano, incluye las obras civiles, mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias, el avituallamiento, el sistema de circuito cerrado de televisión (vigilancia) y las interconexiones estrictamente necesarias, según los planos y especificaciones técnicas aprobados.
Los plazos establecidos entran en vigencia al momento de obtener la orden de inicio.
“El pago se realizará por avance de obra previo visto bueno de la tabla de pagos basado en las visitas de supervisión que realizan los inspectores de obra”, manifiestan las autoridades de Justicia en los documentos adjuntados en el proceso.
El Ministerio de Justicia reconoce la necesidad y urgencia de habilitar este espacio propio para la elaboración de alimentos para el Cacco.
La nueva cárcel se inauguró el pasado 14 de octubre y los traslados de privados de libertad se realizan desde el 26 de octubre.
A la fecha, cientos de reos ocupan las nuevas celdas; sin embargo, no tienen alimentación directa en el mismo espacio, sino que dependen de la producción de la cocina del CAI Jorge Arturo Montero, lo cual representa una logística de traslado y demoras significativas. Además, se advierte que dicha cocina (en La Reforma) no se tiene la capacidad de abastecer al Cacco al momento de su ocupación plena (5.100 reos).
El cartel de licitación advierte que no contar con una cocina propia representaría un riesgo alimentario y sanitario para el sistema penitenciario.
“Los principales riesgos advertidos se vinculan con la afectación de la continuidad del servicio alimentario por la dependencia de la cocina del CAI JAMC y sus vulnerabilidades críticas; la pérdida de la inocuidad alimentaria por los traslados, la manipulación, las revisiones y los tiempos de espera y una eventual crisis sanitaria.
“La afectación a la seguridad penitenciaria por los movimientos externos necesarios y la tensión, incidentes o despliegues que pueden acontecer por la insuficiencia del plan de alimentación transitorio o el exceso de demanda alimentaria no atendida por la reocupación de espacios en el CAI JAMC y la ocupación proyectada para el CACCO”, argumenta Justicia en su contratación.
El rubro de avituallamiento contempla equipos industriales para la preparación y cocción de alimentos, como sartenes volteables, cocina de gas, licuadoras y procesadores de alimentos. También incluye refrigeradoras, mesas de trabajo, utensilios y mobiliario, entre otros artículos. El costo estimado para este componente ronda los ¢500 millones.

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