Tribunal espera dictamen médico para fijar nueva fecha de juicio contra exdiputado Abelino Esquivel por cobros ilegales a exasesores
Tras ser condenado por tráfico de influencias, el exlegislador deberá enfrentar otro caso más
02/11/23 | 09:01am
Abelino Esquivel Quesada, diputado por el partido Renovación Costarricense en el período 2014-2018, podría enfrentar próximamente un nuevo juicio en el que es acusado de cobros irregulares a sus asesores de despacho cuando fungió en el Congreso.
El Tribunal Penal de Hacienda indicó, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, que está a la espera de un dictamen médico legal para señalar la fecha de debate.
En este caso, que se tramita bajo el expediente 20-000068-0951-PE, la Fiscalía acusó a Esquivel de de cometer los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. También figura como acusada su esposa, de apellidos Cortés Oporto.
La concusión sucede cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige a una persona una contribución, o bien, cuando cobra de más por las funciones que ejerce.
Por esta misma causa ya fue condenada una hermana del excongresista, Wray Esquivel, a nueve años de prisión, en sentencia dictada el 1 de febrero de 2021.
Inicialmente el caso se iba a tramitar en un solo juicio; sin embargo, el imprevisto médico de Esquivel y Cortés obligó a dividir la causa bajo un nuevo expediente.
Cobros millonarios
Según la acusación presentada por la Fiscalía General, el exlegislador y su hermana cobraron parte de su salario a cuatro empleados de confianza.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General señaló que el total del beneficio ilegítimo obtenido por los hermanos Esquivel y Cortés ascendió a ¢10,7 millones.
Anuncio
El pasado 27 de octubre, el exdiputado Esquivel fue condenado por un caso de tráfico de influencias por pedir beneficio carcelario para un pastor detenido por delito de violación a un menor.
En ese juicio se le dictó una pena de tres años de cárcel, pero se le concendió beneficio de ejeciución de la pena. Además se le inhabilitó para ocupar cargos público por un periodo de tres años y deberá pagar la suma ¢5 millones por daño al Estado.