Coordinó reuniones para agilizar trámites de construcción que pretendía realizar el grupo criminal
03/07/25 | 12:45pm
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pide llevar a juicio al exdiputado del PUSC Óscar Cascante Cascante (2018-2022) por ser sospechoso de cometer el delito de tráfico de influencias y cohecho propio.
De acuerdo con la acusación, el exlegislador intentó influir sobre diferentes entidades para favorecer al grupo criminal del llamado caso Turesky.
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Los hechos se remontan al período 2018-2021 y aunque la influencia deseada no logró concretarse, de acuerdo con la Fiscalía, el exdiputado sí recibió diversas sumas de dinero vía Sinpe.
“El señor diputado pretendió ejercer su influencia sobre funcionarios públicos de diferentes entidades como el ICT, el Banhvi, el Banco Popular; lo anterior para favorecer a una organización criminal que pretendía realizar proyecto de vivienda, construcción de condominios, en diferentes partes del país”, explicó la fiscal anticorrupción, Claudia Villafuerte.
De acuerdo con la información, el legislador pedía a los funcionarios de las entidades colaborar en la aprobación de proyectos y dar permisos de construcción, que finalmente terminaron siendo ligados con un grupo criminal.
Claudia Villafuerte – fiscal anticorrupción
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En la Fiscalía aseguran se dieron pagos que van desde $200 y hasta los ¢500.000, los cuales se realizaron por medio de una empresa que pertenece a uno de los imputados del caso Turesky, señalado por el tráfico internacional de drogas.
“La acusación fue comunicada a la Procuraduría General de la República, el pasado 23 de junio, instancia que debe informar en los próximos días se formulará una acusación particular (querella) y la acción civil resarcitoria, con la que se reclamaría un monto económico por los datos y perjuicios causados al Estado”, informó el Ministerio Público.
El caso corresponde al expediente 19-000050-0033-PE y ahora se espera cumplir los plazos establecidos para enviar la causa al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para la respectiva solicitud de juicio.
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