Fiscalía de Narcotráfico alertó en 2019 presunto tráfico de influencias de diputado Óscar Cascante

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos alertó de un posible tráfico de influencias por parte del diputado Óscar Cascante Cascante, identificado en 2019 a raíz de una pesquisa seguida contra una banda dedicada a la exportación de cocaína de Costa Rica a Europa.

Desde ese momento, la Fiscalía General de la República investiga al legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) bajo el expediente 19-000050-0033-PE, confirmó a AmeliaRueda.com su oficina de prensa.

La información suministrada a este medio por el departamento de comunicaciones del Ministerio Público apunta que dos años atrás, el primero de los despachos consiguió datos acerca de la presunta participación de Cascante Cascante en un delito.

Sin embargo, debido a que los congresistas gozan de inmunidad, y por ende solo pueden ser investigados por la Fiscalía General, fue a esta última oficina a la que se le compartieron los datos conseguidos para que procediera a valorar la eventual apertura de una causa penal independiente, lo que finalmente ocurrió.

La oficina de prensa del órgano acusador del Estado no precisó los hechos de los cuales el parlamentario es sospechoso. Únicamente detalló que estos se desprenden del caso 18-000092-1219-PE, que corresponde a un importante grupo organizado liderado por un hombre de apellidos James Wilson, conocido como "Turesky".

A este grupo se vinculan además tres hombres de apellidos Cartín Herrera (fallecido), Cartín Ramírez (actualmente detenido) y Soto Rivera (actualmente detenido) quienes visitaron al rojiazul en su oficina en la Asamblea Legislativa en 14 ocasiones desde su llegada el 1° de mayo de 2018.

El 26 de mayo pasado, cuando se revelaron sus reuniones con los encartados, el diputado defendió en un comunicado de prensa que estas tenían que ver con proyectos de vivienda en Corredores y Esparza de Puntarenas. Justificó que los vecinos de esas zonas le han mostrado interés en dichas iniciativas, ante lo que accedió a conocer las problemáticas alrededor de estas. "Esa es la única razón por la que me he reunido con esas personas y precisamente por ello los recibí en la Asamblea Legislativa, donde hay un registro público de quienes ingresan, dado que los proyectos en cuestión ostentan un gran interés comunal y social", explicó en esa ocasión.

Cascante Cascante es investigado por un supuesto tráfico de influencias; ilícito en el que incurre una persona "influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones", de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para otro.

El delito en cuestión es sancionado con entre dos y cinco años de cárcel por el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; sin embargo, esa misma prevé que los extremos de la pena señalada se eleven un tercio cuando la influencia provenga de un miembro de los Supremos Poderes, como es el caso de un diputado.

La causa del socialcristiano se mantiene en la etapa de recolección de pruebas, por lo que de ser necesario, se pueden sumar otros tipos penales conforme el caso avance.

Después de que se dieran a conocer las visitas y gestiones que el legislador realizó en favor de los sospechosos, este renunció el 27 de mayo a una comisión que investiga la infiltración del crimen organizado en la política y cuatro días más tarde se separó temporalmente de la fracción de la Unidad Social Cristiana, "en aras de no afectar la labor de la bancada parlamentaria".

Otros en la mira

Ahora la Fiscalía General -a cargo de Emilia Navas Aparicio- "trabaja en determinar si otras personas con fuero podrían tener vinculación con los hechos en investigación, por lo que, además de Cascante Cascante, se podría sumar al caso otras personas imputadas".

Esto último en el tanto que los tres supuestos miembros de la banda narco, visitaron el Congreso en otras 25 oportunidades. El 48,72% de estos ingresos de estas tres personas ocurrieron en el actual periodo constitucional; es decir, desde el 1° de mayo de 2018 y hasta la fecha.

Durante ese intervalo los sospechosos visitaron las oficinas de los congresistas Cascante Cascante y Erwen Masís Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Eduardo Cruickshank Smith y Mileyde Alvarado Arias, del Partido Restauración Nacional (PRN); así como las independientes Ivonne Acuña Cabrera.

Las bitácoras de la Unidad de Seguridad y Vigilancia del Congreso también incluyen un ingreso de una de estas personas supuestamente en dirección al despacho de Zoila Rosa Volio Pacheco, pero esta sostiene que jamás llegó a reunirse con ninguno de los implicados. De hecho, la parlamentaria pidió se abriera una investigación administrativa -que se encuentra en curso- sobre la situación, ya que los registros no coinciden con la documentación levantada por su oficina. Incluso la legisladora pidió los videos de ese día para verificar el aparente apersonamiento; sin embargo, las grabaciones son eliminadas mensualmente, por lo que no le fue brindado.

En el anterior cuatrienio, visitaron a Natalia Díaz Quintana, entonces del Partido Movimiento Libertario (PML); Olivier Ibo Jiménez Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); además de Gerardo Vargas Rojas, Johnny Leiva Badilla, William Alvarado Bogantes y Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana.

Nota del redactor: Esta publicación fue modificada a la 9:45 p.m. del 10 de junio de 2021, con aclaración sobre el ingreso a la Asamblea Legislativa de un sospechoso que dijo se dirigía al despacho de Zoila Rosa Volio Pacheco.