Ministro Jorge Rodríguez también es parte de la acusación
07/04/25 | 11:35am
La Fiscalía General presentó este lunes una acusación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, a quien acusan del presunto delito de concusión y, a su vez, pide iniciar el trámite para levantar la inmunidad al mandatario.
Se trata del expediente 25-000019-0033-PE donde también figura el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.
La investigación se basa en el uso de $1 millón donados al inicio de la Administración por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el cual se señala un uso irregular.
Por ejemplo, se indica que Casa Presidencia contrató la empresa de Christian Bulgarelli para la redacción de los términos de referencia de un contrato que luego terminó ganando.
El dinero tenía como fin campañas publicitarias y monitoreo de medios. La información sobre la acusación fue confirmada por el Ministerio Público.
“La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena, para su debido trámite, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
“Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, en el cual, la Fiscalía General investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026”, informó el Ministerio Público.
“De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.
“Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato”, detalla la Fiscalía.
La Fiscalía confirmó que tras el avance de la investigación el imputado Bulgarelli se convierte ahora en el testigo de la corona.
“En este expediente, la Fiscalía General aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal, inciso b, por tratarse de un delito grave, donde el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados”, informaron.
La investigación #VisitantesFrecuentes de AmeliaRueda.com reveló que Bulgarelli —cuya empresa también ha obtenido contratos con Recope y el BCR durante la actual administración— era asiduo en Casa Presidencial, registrando al menos 59 ingresos durante los primeros 12 meses de Chaves como mandatario.
El análisis de 4.624 bitácoras de seguridad realizado por este medio mostró, por ejemplo, que Bulgarelli visitó 20 veces Presidencia en noviembre de 2022, mes que el Sinart recomendó adjudicarle la contratación objeto de este artículo, tras así haberlo ordenado Trigueros, según sostiene la directora jurídica de la institución.
Fue después de esa publicación que el Gobierno informó de que Bulgarelli era un visitante frecuente de Zapote por ser contratista del BCIE y subrayó que el empresario no es asesor de Chaves, tras lo cual se descubrió que su empresa facturó $299.570 por una consultoría en comunicación a la Presidencia de la República.
La consultoría incluye servicios como análisis de tendencias en la sociedad costarricense por medio de monitoreos y "escuchas" en redes sociales, la producción de 16 minutos de video por mes, y la elaboración de una estrategia de comunicación para el Gobierno, específicamente para la Presidencia de la República.
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