Falta de expropiaciones, condiciones del crédito y transparencia de la contratación: preocupaciones en análisis sobre proyecto San José – San Ramón
Crédito en discusión para el desarrollo de la ampliación es de $770 millones
05/02/26 | 11:57am
La falta de expropiaciones, las condiciones del crédito (tasas de interés) y la transparencia del proceso de licitación y contratación, son las principales preocupaciones que tienen los legisladores en medio del proceso de análisis del proyecto de ley del crédito necesario para ampliar la ruta San José – San Ramón.
La discusión del proyecto de ley inició en noviembre anterior y aún se desconoce la rapidez con la que el plan pueda aprobarse o no durante los últimos meses de la actual Administración.
Se trata de un crédito de $770 millones conformado por dinero que dará el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP.
Cuestionamientos
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios muestran diversas dudas sobre el proyecto de ley que avala los recursos y su uso correcto, al tomar en cuenta que faltan cerca de 400 expropiaciones.
“Tenemos que asegurarnos que pueda realmente adjudicarse y licitarse de forma adecuada y aquí existe un grave problema, pues apenas tenemos el 58% de las expropiaciones. La nueva Ley de Contratación Pública exige que las expropiaciones estén antes y eso ha sido un tema que se ha discutido”, manifestó en el programa Nuestra Voz la diputada presidenta de la comisión legislativa donde se discute el proyecto, Paulina Ramírez.
“Igualmente los costos financieros, según la Contraloría y según análisis que se han hecho de los diferentes técnicos de la Asamblea Legislativa, son costos financieros más altos que las otras organizaciones o multilaterales, eso es lo que en primera instancia se refleja en los datos, y bueno, así también en la exposición que nos da la Contralora; sin embargo, el BCIE explica que eso al promediarse con el otro ente financiero que va a participar pueden ser costos financieros iguales o parecidos a los de las otras multilaterales”, manifestó la diputada al agregar que para aclarar las dudas se gestionan las audiencias necesarias.
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De acuerdo con los datos del proyecto, el crédito para desarrollar la ruta a occidente está conformado por $600 millones que dará el BCIE a una tasa estimada del 6,69% a un plazo de 20 años y €150 millones que dará el Fondo OPEP a una tasa de 3,66%, también a un plazo de 20 años.
Ramírez asegura que no está de más intentar mejorar la tasa con el BCIE, así como se hizo con el crédito de Proeri (Riesgo Inminente) que logró bajar $60 millones.
Finalmente, otro de los aspectos que generan cuestionamientos en el proyecto tiene relación con la transparencia del proceso de licitación y contratación, ya que el banco utiliza sus propios mecanismos y queda por fuera el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), ante esto, se pide modificar el proyecto de ley que en su artículo 7 también excluye todo lo relacionado con la Ley de Contratación Administrativa nacional.
“Siempre el objetivo es lograr que el texto tenga todas las condiciones, la transparencia, la trazabilidad y todo lo necesario para que llegue a un buen fin y no cometamos los errores del pasado”, agregó la diputada al explicar que en este momento desde la comisión se pide a la Administración presentar un plan remedial de expropiaciones, mejorar las condiciones financieras e incluir observaciones que aseguran la publicidad, transparencia y mejor uso de los recursos.
Proyecto necesario
En la Cámara de la Construcción fueron parte del análisis integral del proyecto y el proceso de recomendaciones para el texto en discusión.
El presidente de la Cámara, Alfredo Volio, dijo que sus aportes se realizaron de manera objetiva, técnica y apolítica, tomando en cuenta la urgencia y necesidad que tiene el país de avanzar en este proyecto de ampliación de la ruta San José – San Ramón.
El experto mostró preocupaciones sobre la metodología o sistema que se utiliza para la contratación de la obra en aras de promover la transparencia, además, proponen eliminar el artículo 7 del proyecto para dejar en pie las estipulaciones de la Ley General de Contratación.
Volio también agregó la necesidad de avanzar en las expropiaciones pendientes.
“Hay que ser muy cuidadoso en cómo calzamos los tiempos del crédito con los tiempos de las expropiaciones para no tener dinero varado o una ejecución a medias debido a estas expropiaciones”, manifestó.
Además, desde la Cámara se pide a las autoridades reconsiderar la división de unidades funcionales del proyecto, con la finalidad de no generar un caos vial con diversos puntos de labores activos al mismo tiempo.
Se recomienda, además, dejar claro en el proyecto el plan o manual operativo de mantenimiento de la ruta que establece el texto y no dejarlo a la libre. Por otra parte, se respaldan las dudas de los legisladores sobre las tasas establecidas para el crédito del BCIE.
Urge aprobación
Sobre los cuestionamientos, la diputada oficialista y jefa de fracción, Pilar Cisneros, dijo que el proyecto no puede esperar más y que cada día que se atrasa la obra genera un impacto en el costo de $100 mil más.
La diputada dijo que es falso que el proyecto no genera transparencia y tiene tasas elevadas.
“Estos bancos tienen sus propias reglas del juego que son absolutamente transparentes, más que si fuera Sicop. ¿Por qué? Porque se publicita ampliamente dentro del país, se publica en todos los periódicos, en la plataforma del BCIE, se publica en la plataforma de las Naciones Unidas, todo el mundo lo ve y todo el mundo sabe. ¿Qué es lo que no les gusta a los constructores locales? Seamos muy francos, si se publica sólo en Sicop, sólo participan las empresas de aquí, no les gusta la competencia, no les gusta que empresas extranjeras vengan y ofrezcan un mejor precio”, dijo Cisneros al agregar que durante el proceso de licitación y contratación la Contraloría General de la República (CGR) tendrá acceso a todos los expedientes.