Expresidente Miguel Ángel Rodríguez vuelve a juicio por caso de reaseguros, proceso judicial que lleva 24 años
Abogado de exmandatario lamenta que caso llegue en el “peor momento personal” para su cliente
24/08/25 | 14:25pm
El presidente de la República del período 1998-2002, Miguel Ángel Rodríguez, vuelve a juicio este lunes 25 de agosto por el llamado “Caso de reaseguros”.
Este caso–que suma 24 años de estar en proceso–fue declarado en 2022 por el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública como viciado por "defecto absoluto". En ese momento, la defensa de Rodríguez presentó una actividad procesal defectuosa en la que alegó que la Sala Constitucional había determinado violaciones a los principios de justicia pronta y cumplida, así como al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
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Sin embargo, la Fiscalía decidió seguir con el proceso de llegar a juicio. Desde el órgano acusador del Estado han alegado que, si bien ha habido una mora judicial, es un caso complejo y que eso no conlleva al archivo de la causa.
El abogado del exmandatario, Cristian Arguedas, lamentó que Rodríguez deba volver a enfrentar este proceso en medio de un problema de salud que afecta a su esposa. “Llega en el peor momento personal”, dijo.
“Es una vergüenza para nuestro país que don Miguel Ángel tenga que presentarse a un juicio 24 años después iniciada una causa y máxime cuando desde hace más de 3 años la Sala Constitucional declaro que en este caso se han violado groseramente el derecho constitucional a justicia pronta y cumplida”, expresó el defensor.
Cristian Arguedas, abogado de Miguel Ángel Rodríguez
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Largo proceso
El caso de reaseguros del INS tiene que ver con el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002, así como presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis, durante el 2001.
La Fiscalía acusó a todos los imputados, incluido el expresidente Rodríguez, por delito de peculado.
El peculado es aquel en el que incurre un servidor público "que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo" o "emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella", según indica el artículo 361 del Código Penal.
En febrero del 2014, un juzgado dictó sobreseimiento definitivo a favor de los imputados al considerar como ilegal las pruebas bancarias traídas desde Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.
Luego, en agosto del 2014, un Tribunal anuló esa absolutoria y ordenó una nueva audiencia preliminar para decidir si el tema iba a juicio o no.
En junio de 2015, nuevamente el juzgado penal ordenó la apertura de juicio y poco más de un año después, en octubre del 2016, nuevamente anuló la resolución de elevar el caso a juicio.