Proceso contra expresidente Rodríguez por caso de reaseguros violó plazo razonable, dicta tribunal

Como una "afrenta a la correcta administración de justicia" calificó el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública el proceso judicial que se sigue contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez en el denominado caso de los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), el cual suma 22 años y cinco meses.

Dicho tribunal dio–por mayoría– la razón a la defensa de Rodríguez, la cual planteó una actividad procesal defectuosa el 28 de marzo de 2022, alegando que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo por violación a los principios de justicia pronta y cumplida y ser juzgado en un plazo razonable, por lo que el proceso ya está viciado.

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En resolución dictada este 8 de noviembre a las 11:45 a.m., el tribunal concluyó que el proceso penal está viciado por "defecto absoluto".

Los jueces Hugo Porter y Mercedes Muñoz determinaron que "es evidente que el tiempo transcurrido sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que le Estado investigara los hechos del presente caso, máxime si se tiene en cuenta que a ese tiempo deberá sumarse el tiempo que tome la obtención de una sentencia en firme".

La otra jueza que conforma el tribunal, Ivannia Delgado, se apartó del criterio de sus compañeros y salvó el voto, declarando sin lugar la actividad procesal defectuosa. Ella considera que lo que corresponde es que se haga el juicio para el inmediato juzgamiento de los acusados.

"Hace 18 años volví a Costa Rica para dar la cara, por mi confianza en los Tribunales, en el debido proceso y en los jueces de Costa Rica. Hoy esa confianza en el Estado de Derecho vuelve a verse ratificada", dijo el expresidente Rodríguez mediante un comunicado de prensa.

Según consta en la resolución, la Fiscalía reconoció que en este caso ha habido una mora judicial, pero alegó que eso no conlleva al archivo de la causa, porque no está prescrita. Asimismo, señaló que previo al juicio está pendiente la traducción de prueba legalmente admitida.

Para el abogado de Rodríguez, Cristian Arguedas, si el proceso está viciado prácticamente tendría que devolverse para el Ministerio Público.

"La Fiscalía puede insistir en el tema, vamos a ver qué hace. Ya don Miguel es un adulto mayor, cumple 83 años en enero y esperar 10 años más para un juicio es un despropósito total, si es que no muere de camino, como le pasó a una de las imputadas", dijo Arguedas en declaraciones a AmeliaRueda.com.

Largo proceso

El caso de reaseguros del INS tiene que ver con el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002, así como presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis, durante el 2001.

La Fiscalía acusó a todos los imputados, incluido el expresidente Rodríguez, por delito de peculado.

El peculado es aquel en el que incurre un servidor público "que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo" o "emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella", según indica el artículo 361 del Código Penal.

En febrero del 2014, un juzgado dictó sobreseimiento definitivo a favor de los imputados al considerar como ilegal las pruebas bancarias traídas desde Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.

Luego, en agosto del 2014, un Tribunal anuló esa absolutoria y ordenó una nueva audiencia preliminar para decidir si el tema iba a juicio o no.

En junio de 2015, nuevamente el juzgado penal ordenó la apertura de juicio y poco más de un año después, en octubre del 2016, nuevamente anuló la resolución de elevar el caso a juicio.