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Crédito: Sala Constitucional

Consulta de constitucionalidad ante Sala IV detiene en el Congreso trámite de proyecto de referendo del Gobierno

Rodrigo Arias iba a emitir este jueves un criterio ante jefes de fracción sobre necesidad de enviar el documento a la Sala IV antes de conocerse en plenario

19/06/24 | 16:31pm

Veintidós diputados de distintas fracciones remitieron este miércoles a la Sala IV para consulta de constitucionalidad el proyecto de "Ley Jaguar", previo a que sea conocido en el plenario en el Congreso para dar visto bueno a un eventual referendo de este texto, por lo que su trámite queda suspendido de momento.

Dicho documento, el cual se tramita en el alto tribunal bajo el expediente 24-16511-0007-CO, fue firmado por legisladores de las bancadas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio y legisladores independientes.

La noticia se genera un día antes de la reunión de jefes de fracción que tendrá lugar este jueves, en la cual el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, daría a conocer el criterio legal que aclare si es obligatorio realizar la consulta constitucional antes de darle aval al referendo (prevista la próxima semana).

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AmeliaRueda.com solicitó confirmación al departamento de prensa de la fracción liberacionista si Rodrigo Arias fue parte de los signatarios de esta consulta, indicándose que no figuró entre los firmantes.

Entre tanto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, enfatizó en la conferencia de prensa de este miércoles que espera que sea el pueblo el que "juzgue" su propuesta, al tiempo que exhortó a los diputados a "no tener miedo".

Por su parte, la Contralora General, Marta Acosta, reiteró este martes su posición negativa a este proyecto, afirmando que "permitirá que obras públicas se contraten a dedo", entre otras falencias denotadas a su juicio.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, manifestó en una conferencia de prensa anterior que sería la Sala Constitucional la que al final decidiera la legalidad de este proyecto, que incluye cambios en la competencia de la Contraloría General de la República, procedimientos de Contratación Administrativa y la ley orgánica de Japdeva.

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