Proyecto de referendo del Gobierno busca que “obras públicas se puedan contratar a dedo”, critica Contralora General

La imposibilidad de parar a tiempo las "ilegalidades" y alertar en caso de sospechas sobre un uso indebido de fondos públicos es una de las preocupaciones que la contralora general de la República, Marta Acosta, reiteró en una posición dada a conocer este martes respecto del proyecto de "Ley Jaguar", presentado por el Gobierno semanas atrás.

"Eso es lo que justamente pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles", indicó la jerarca.

Tal pronunciamiento se hace luego de que Acosta afirmara haber estudiado a profundidad el texto, y a pocas horas de haber comparecido ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en donde también se refirió a elementos propios de este expediente, cuya viabilidad para ser enviado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para una eventual consulta popular se estaría votando el próximo martes 25 de junio.

"Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General", consideró Acosta.

También aseveró que en caso de recibirse una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de los diputados, y de quedar evidencia de posibles irregularidades o malos manejos de fondos públicos, el ente contralor no podría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo hallado en la investigación.

Por otra parte, criticó que se quiera debilitar la Ley General de Contratación Pública, por cuanto se permitiría contratar o arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y sin certeza de optar por la mejor oferta.

"El Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera legislativos, de manera que se potencian los riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente", justificó la funcionaria pública.

Respecto a los cambios en Japdeva, añadió que se permitiría a esta institución escoger "a dedo" a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos actuales de contratación y comprometiendo, a su juicio, la transparencia y rendición de cuentas en el aparato estatal.

"El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes", sentenció.

Para la Contralora, las consultas consecuentes por parte de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a su despacho, según lo señala la legislación que regula el trámite de referendo, le generan altas expectativas "ante lo delicado de esta situación".

En camino

A nivel parlamentario, la propuesta para impulsar esta iniciativa estaría siendo conocida y votada la próxima semana, luego de que se aprobara una moción para retrasar dicho trámite que estaba inicialmente programado para el lunes anterior.

Tal decisión resultó luego de que los jefes de fracción acordaran la semana pasada solicitarle a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, un criterio respecto si la Asamblea debe o no enviar el proyecto a la Sala Constitucional para consulta previo a la votación, o si tal proceso lo debe ejecutar el Tribunal Supremo de Elecciones previo a una eventual convocatoria.

Esta iniciativa, presentada días atrás por el Poder Ejecutivo, propone cambios en las competencias de la Contraloría, mayor flexibilidad en los procesos de contratación administrativa y compras del Estado, así como en las atribuciones legales vigentes a Japdeva.