En oficio a ministro Chaves, presidente del Poder Judicial califica nuevo recorte presupuestario como “unilateral, arbitrario, desmedido e ilegal”
Orlando Aguirre interpuso recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar
25/08/26 | 10:40am
El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, presentó este lunes su descargo ante el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en relación con el nuevo recorte presupuestario anunciado la semana anterior y que disminuiría en ¢23.721 millones los recursos previstos para este año.
En el oficio de 39 páginas, el magistrado calificó el recorte anunciado como “unilateral, arbitrario, desmedido e ilegal”.
“… me presento a interponer recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar contra el acto administrativo de Oficio N.º MH-DM-OF0901-2026 de fecha 18 de agosto de 2026, emitido por el despacho del ministro de Hacienda”, manifestó Aguirre en el documento enviado, del cual AmeliaRueda.com tiene copia.
Para el funcionario se trata de una nueva disminución del presupuesto que carece de criterios técnicos, fundamentación legal y que incluso irrespeta la autonomía del Poder Judicial al señalar partidas específicas de rebaja, afectando la operatividad de la entidad y la continuidad de los servicios.
En el oficio se alegan diez vicios de nulidad y se señala que Hacienda intenta pasar por alto la planificación financiera de uno de los Poderes de la República.
Aguirre agregó que el nuevo recorte desconoce el primer aporte realizado.
“… cambia de forma arbitraria la base de cálculo y excluye los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa, pretendiendo superponer un nuevo recorte desmedido que eleva la reducción total a ¢35.329,8 millones, vulnerando la buena fe negocial y la colaboración interinstitucional”, menciona el magistrado.
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Vicio de nulidad
Entre los argumentos expuestos en el oficio donde se pide la revocatoria del recorte presupuestario se explica que los datos que toma en cuenta Hacienda están desactualizados y tomen en cuenta dineros que incluso ya se utilizaron.
Se explica, por ejemplo, que, en 56 de las 85 subpartidas señaladas para recorte, ya no se tiene disponibilidad presupuestaria, lo que equivale a ¢17.258 millones.
El análisis señala que de acuerdo con el criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial la intención de recorte tiene graves vicios de nulidad absoluta, “toda vez que el mismo es contrario al bloque de legalidad administrativa, a la técnica aplicable a la materia presupuestaria y a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, así como el interés público”.
“En este orden de ideas, el oficio al pretender imponer un ajuste presupuestario bajo un modelo econométrico que carece de rigor técnico y suficiencia probatoria vulnera garantías constitucionales de independencia judicial y principios elementales de la Ley General de la Administración Pública”, manifestó Aguirre.
Carece de motivos, fundamentación técnica de la cuantía, motivación del contenido, determinación arbitraria del monto de la rebaja y falta de análisis técnico objetivo, así califica el magistrado presidente del Poder Judicial la intención de recorte presupuestario, al agregar que más bien representa “una imposición discrecional carente de sustento legal”.
En el oficio se cuestiona el mecanismo utilizado para el cálculo del monto requerido, así como los datos fiscales señalados, por lo que señalan falta de transparencia y explicación.
Para Aguirre todos estos aspectos provocan que la solicitud de recorte se convierta en nula por falta de motivación suficiente.
“Se está ejerciendo una potestad de imperio ayuna de la debida motivación técnica, incurriendo en exceso y abuso de poder.
“La iniciativa presupuestaria no faculta al Ejecutivo para determinar, de facto, la ejecución operativa interna del Poder Judicial, invadiendo el núcleo esencial de su competencia constitucional”, son parte de los argumentos descritos por Aguirre en el oficio donde se reitera que dicho recorte generaría impacto operativo en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), atención de víctimas, procesos judiciales, entre otros: “el Ministerio de Hacienda no solo excede sus competencias técnicas, sino que altera el orden de prioridades”.
Petitoria
En el oficio enviado al ministro Hacienda se pide la suspensión inmediata del acto y la aplicación del posible recorte y se reiteran los argumentos descritos en la motivación.
“De ejecutarse el presupuesto planteado, se producirá un daño financiero y operativo de consumación irreparable, paralizando actividades sustanciales del Poder Judicial”, menciona Aguirre al señalar como uno de sus argumentos la violación al principio de independencia presupuestaria.
El magistrado presidente presentó dicho oficio tras aprobarse este lunes en Corte Plena la autorización para oponerse al recorte presupuestario planteado.
“Pretender modificar de forma unilateral y mediante un acto administrativo (un oficio ministerial) el presupuesto ya aprobado y en ejecución del Poder Judicial, desnaturaliza la asignación constitucional y la independencia de poderes”, expresa el funcionario.
La petitoria del oficio enviado al ministro Chaves señala que se tomen en cuentan los diez motivos expuestos de posible nulidad absoluta y dar marcha atrás al rebajo planteado; además, como medida cautelar se pide suspender el efecto del acto, ya que de lo contrario podría generar una imposibilidad de hacer uso de los recursos durante el proceso de análisis o discusión del recorte.
Aguirre manifestó en el mismo oficia que ante un eventual rechazo de sus argumentos, se tomará en cuenta el mismo documento para presentar de manera formal el conflicto legal ante la mandataria, Laura Fernández.
“En caso de mantener la discrepancia con las consideraciones hechas en el presente recurso, téngase por presentado el conflicto establecido en el artículo 177 de la Constitución Política ante la señora presidente de la República”, manifestó el presidente de la Corte.