Nuevo recorte al Poder Judicial impactaría en 40% la operatividad del OIJ y debilitará la lucha contra el crimen organizado, advierten magistrados

Gravoso e inviable, son parte de los calificativos utilizados sobre el recorte previsto y que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa; sin embargo, también se advierte que si en medio de la discusión se decide retener el dinero, también tendría un impacto en la operatividad, ya que se podría liberar hasta finales de año cuando ya los plazos para su uso se quedan cortos. 

El análisis realizado en Corte Plena señala que el recorte presupuestario “afecta directamente la seguridad y los derechos de la ciudadanía, provocará un retraso crítico en investigaciones penales, un debilitamiento de la persecución del crimen organizado, la desprotección de víctimas vulnerables por falta de tecnologías y operativos y parálisis de resolución de procesos”. 

“El esfuerzo fiscal realizado ya por el Poder Judicial se cumplió”, agregó la directora ejecutiva, quien aseguró que se respondió a la primera petición de recorte y que este nuevo ajuste planteado se basa en recursos que ya no están disponibles. 

Impacto OIJ

El director del OIJ, Michael Soto, explicó en la sesión de Corte Plena que del recorte que se promueve al Poder Judicial, el 40,2% impactaría de manera directa a la entidad que presenta. 

Este porcentaje representa una reducción de ¢9.536 millones, lo que impacta en 62 partidas presupuestarias. 

"Tienen que ver con combustible, es decir, toda la movilidad que hace el OIJ para sus investigaciones, para atender víctimas, para juntar cadáveres, entre todas las actividades que realizamos. 

"Nuevamente nos impactaría viáticos, no podríamos pagarle a nuestros oficiales para que se movilicen a lo interno del país, siendo que esta es una actividad muy común nuestra desde el punto de vista de cuando hacemos mega operativos que requerimos mover personal de todo el país para hacer una operación en X punto", dijo Soto ante los magistrados. 

El mantenimiento de la flotilla vehicular, compra de insumos para hacer pericias en los laboratorios, son también partidas que se afectarían con el recorte que impulsa Hacienda. 

Soto dijo que la situación se da en medio de un incremento en los hechos violentos del país, al exponer que se venía con un promedio de 2,1 homicidios por día y en el último mes "prácticamente estamos llegando a tres homicidios por día". 

Análisis

Tras escuchar el análisis de los datos, los magistrados tomaron la palabra para mostrar su preocupación ante la nueva intención de recortar el presupuesto de la entidad. 

Entre las principales preocupaciones se incluye la reducción del dinero ubicado en la partida presupuestaria de “plazas vacantes”, la cual se utiliza en el pago de salarios de 2.300 funcionarios y que se ubican en dicha partida porque no tienen plaza en propiedad. 

El magistrado Gerardo Alfaro dijo que el rebajo que se les pretende hacer tendrá un impacto “gravísimo” para la operatividad diaria del OIJ y dijo que esto representa un retroceso que hace que las organizaciones criminales “se froten las manos”. 

La magistrada Patricia Solano tomó la palabra para pedir congruencia a las autoridades del Poder Ejecutivo: “que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República sean congruentes en el discurso de que quieren combatir la criminalidad y que mantienen estos dineros para que nosotros podamos seguir con la labor que hacemos porque si no, creo que es muy claro el discurso, entre mejor lo hagan, los golpeamos mas fuerte para que no tengan recursos y no combatan la criminalidad”. 

Al tomar la palabra el magistrado Jorge Araya dijo que se deben tomar acciones inmediatas para evitar el recorte y le pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, buscar a los diputados de oposición que conforman el llamado bloque democrático para exponer el impacto que provocaría dicho recorte. 

A su vez manifestó preguntas para el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. 

“Ministro Chaves, ¿a favor de quién está? ¿Del crimen organizado y del narcotráfico o a favor de los costarricenses decentes y honorables? ¿Está usted a favor de disminuir la mora o usted está a favor de aumentar la mora judicial?”, dijo. 

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, también expuso su preocupación ante la intención de recortar los recursos y manifestó que la afectación será operativa. El funcionario catalogó las pretensiones de Hacienda como "intempestivos" y "perversos".

Díaz manifestó que hacer efectivo el recorte ocasionaría un “caos”.

“Y con este caos, ¿qué es lo que se pretende? Tomar en definitiva el Poder Judicial, a este proyecto político que yo también he mencionado en otras ocasiones”, dijo el funcionario.

Díaz agregó que con la disminución presupuestaria se busca “disminuir las capacidades del Ministerio Público, del OIJ y por supuesto del Poder Judicial, y posteriormente elevar la crítica que ya se ha venido dando al Poder Judicial, diciendo que no funcionamos, que somos ineficientes".

Al finalizar el análisis sobre el impacto del posible recorte presupuestario los magistrados tomaron el acuerdo de autorizar a la presidencia de la Corte Plena para que presente las acciones administrativas y legales que corresponden para "la defensa del presupuesto del Poder Judicial".