Piden a Tribunal Contencioso frenar construcción de Ciudad Gobierno en terreno del Liceo de Costa Rica

Un estudiante y un egresado del Liceo de Costa Rica pidieron este miércoles 21 de junio al Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda poner freno al plan del Poder Ejecutivo de construir una parte del proyecto Ciudad Gobierno en un terreno de ese centro educativo.

Este jueves el juez José Ariel Solano acogió una medida cautelar solicitada por los demandantes y dio al Gobierno un plazo de tres días hábiles "para que se pronuncie y ofrezca la prueba que estime pertinente",. Dicho plazo vence el próximo martes 27 de junio.

El terreno se alquila al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los fondos del arrendamiento se utilizan para cubrir gastos del Liceo. El inmueble se tomó en cuenta en los planos para construir Ciudad Gobierno, un complejo que acogerá a varias instituciones públicas en la zona.

Captura de pantalla de la resolución

El pasado 9 de junio, el Ministerio de Educación Pública (MEP) suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la junta administrativa del Liceo de Costa Rica para "asumir una serie de gastos que la institución educativa cubre con el alquiler de un terreno al MOPT", según un comunicado de la institución.

Ese convenio, según la demanda, "dispone el traspaso del terreno propiedad del Liceo de Costa Rica diurno y el otorgamiento del uso, dominio y disfrute del MEP a partir de su suscripción, sin mediar una ley que autorice a la junta a realizar esas acciones y con fundamento en una norma que no aplica para el Liceo de Costa Rica".

Añade la denuncia que la presidenta de la junta administrativa, Yesenia Mathiew —quien fue "nombrada ilegalmente por el Concejo Municipal de San José"— "entregó un inmueble propiedad del Liceo de Costa Rica al Estado, sin mediar un procedimiento de expropiación, una compra o una donación".

Los denunciantes solicitan que se anule el mencionado convenio pues se basa en un decreto de 2014 que reglamenta las juntas de educación y las juntas administrativas, siendo una "norma de inferior rango", por lo que se está ante un caso de "desviación de poder" en el que se obvió el "procedimiento legislativo".

El juez Solano rechazó la medida cautelar solicitada para dejar sin efecto el convenio de cooperación interinstitucional suscrito el 9 de junio, pero sí acogió la medida cautelar para que el Estado haga su descargo en tres días hábiles, antes de proceder a tomar la decisión que estime pertinente.

La resolución señala que el juez sopesó la "acentuada trascendencia social" del caso, "pues lo que en el fondo se resuelva tendrá implicaciones en el desarrollo del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo denominado Ciudad Gobierno", por lo que es necesario conocer la posición del Gobierno antes de proceder.

No se trata de una situación inminente porque "el proyecto de Ciudad Gobierno, como es de conocimiento público, aún se encuentra en desarrollo y faltarían varias etapas preliminares que cumplir antes de iniciar con la ejecución del proyecto", añadió el juez.