
Presidenta de la Asociación asegura que lo ocurrido representa un “ataque de intimidación” a toda la judicatura
20/04/26 | 12:57pm
Los cuestionamientos y ataques que vienen desde el Gobierno a los jueces y sus resoluciones representen el “primer mal ejemplo” a la ciudadanía, así lo manifestó con vehemencia la jueza Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarrricense de la Judicatura (Acojud) al hacer referencia a la agresión física que sufrió la tarde del viernes anterior en Heredia la jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo.
La manifestación de los funcionarios judiciales se da tras conocer que la persona que agredió a Carballo la golpeaba con sus puños, mientras hacia referencia a diversas resoluciones que ella ha emitido y que han sido cuestionados públicamente por el Poder Ejecutivo.
Orocú aseguró que todos los jueces están expuestos a este tipo de situaciones y que no es la primera vez que ocurren, sin embargo, lamentó que el nivel de exposición aumenta al tomar en cuenta los cuestionamientos públicos.
La presidenta de Acojud señaló en el programa Nuestra Voz que, desde la primera resolución en septiembre del año anterior, que generó el cuestionamiento y exposición pública del Gobierno, la jueza Carballo empezó a recibir amenazas, lo cual incluso representó que tuviera que ingresar a un programa de protección que finalmente no funcionó de la manera adecuada.
“Lo que esperamos tras ese riesgo que siempre está latente en la jurisdicción es que todo el resto de los órganos del Estado tengan la conciencia de protección y del peligro que se corre al estar exponiendo y deslegitimando jueces a través de la opinión pública de una forma totalmente inmerecida y muchas veces con sesgo en la información que crea distorsiones en la opinión pública.
"Lo que le pasó a la jueza doña Kattia, como dijimos, es un punto de inflexión, pero que no es la primera vez que lo denunciamos desde, inclusive, la primera vez en septiembre del año anterior que se hicieron las alusiones directas a las resoluciones de doña Kattia y de una forma realmente burlesca e irrespetuosa ante la opinión pública sobre el contenido del fallo", dijo Orocú al explicar que incluso las amenazas empezaron a llegar a los familiares de la jueza.
La resolución que generó las primeras críticas públicas desde el Ejecutivo hacia la jueza agredida tenía relación con una disposición para reinstalar televisores y hornos microondas en los pabellones de Máxima Seguridad de La Reforma, esto tras un reclamo de privados de libertad que señalaron que el retiro se hizo basándose en una circular, la cual está por debajo del reglamento.
“Directamente y lamentablemente desde el Ejecutivo se ha dicho ‘no respetamos los fallos judiciales’, y este es el primer mal ejemplo que se está dando a la ciudadanía", agregó la representante de los jueces.
Adriana Orocú – presidenta de Acojud
“Y esto no es un ataque a ella solamente, es un ataque de intimidación al resto de la judicatura.
“Cuando un juez en una sociedad tiene miedo, toda la ciudadanía debe estar atenta porque aquí lo que se defiende es la independencia del juez porque los derechos no están para proteger a una persona, dos o tres, los derechos están para proteger a todos, y en el momento en que necesitemos a un juez independiente es cuando realmente reclamamos esa necesidad de imparcialidad que no es desde un estrado público que se debe deslegitimar porque se está deslegitimando la democracia esto es sumamente peligroso", señaló Orocú.
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El juez de ejecución de la pena, Mario Rodríguez, se sumó al análisis realizado en el programa Nuestra Voz sobre la situación de agresión física que sufrió la jueza Kattia Carballo y que hoy la mantienen incapacidata tras las lesiones sufridas y la afectación emocional generada.
El funcionario judicial aseguró que lo que viven hoy los jueces, tras cuestionamientos ante fallos que no le agradan al Poder Ejecutivo, representa una “situación sin precedentes” al convertirse en un ataque sistemático a todos los jueces de ejecución de la pena sin exponer de manera adecuada que también existen fallos en las acciones que se toman desde el Gobierno.
“Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo ante cualquier resolución de un juez de ejecución de la pena la cuestiona, la ridiculiza, incluso, hace ver como que existen otros intereses. En el caso de la compañera jueza, en el momento en el que se emite la resolución, una resolución que se apeló, que se podía apelar, el fiscal la apeló y va a un tribunal superior.
“… desde el primer momento comienzan a ridiculizarla incluso a utilizar tintes en donde se habla de que por ser una mujer y porque tiene un corazón de oro por eso es que se le da esa resolución por parte de ella, cuando lo que está sucediendo es que la Administración penitenciaria está tomando algunas medidas en dónde se equivoca y desgraciadamente ahí es donde entran las quejas por parte de los privados de libertad, y nosotros como jueces nos debemos a la ley y no podemos tomar decisiones solo porque el Poder Ejecutivo quiere que se haga de esa forma. Nosotros tenemos que respetar la ley”, explicó Rodríguez.
Mario Rodríguez – juez de ejecución de la pena
Para el juez, es importante que la ciudadanía tenga claro que cada resolución tiene un respaldo legal, lo cual, es lo que el Ejecutivo omite al atacarlos.
Rodríguez explicó que muchas de las resoluciones que fueron cuestionadas por el Gobierno se dieron porque la autoridad penitenciaria tomó decisiones basadas en circulares y aplicaron de manera inadecuada un procedimiento o incluso no lo aplicaron del todo.
El funcionario judicial lamentó que el Gobierno intente hacer ver que los jueces están en contra del nuevo régimen de alta contención, cuando la realidad es otra y corresponde, más bien, a decisiones que inicialmente no fueron bien argumentadas.
Desde la Acojud aseguran que la agresión sufrida por una jueza en Heredia ya es del conocimiento de organismos internacionales que han mostrado preocupación por el avance de la violencia en el país y por esta razón piden tomar acciones para garantizar el respeto a la independencia judicial y la independencia de Poderes.
“Seamos responsables con la opinión y la crítica”, concluyó Orocú.
Desde la Corte Plena también se emitió un pronunciamiento este lunes por parte del magistrado presidente, Orlando Aguirre, quien anunció un respaldo a todos los funcionarios judiciales.
“Ninguna resolución judicial justifica el hostigamiento a ningún juez de la República, la exposición indebida o el amedrantamiento.
“El trabajo de las y de los funcionarios judiciales debe ejercerse con garantías, sin presiones, ni amenazas y dentro del marco del respeto que exige una sociedad democrática. Costa Rica requiere respeto, participación ciudadana consiente y un dialogo serio y constructivo que fortalezca la convivencia pacifica de todos los que vivimos en este país”, dijo Aguirre.
Orlando Aguirre – magistrado
De acuerdo con la información del Poder Judicial, la persona que agredió físicamente a la jueza de ejecución de la pena fue detenida la noche del sábado, alrededor de las 10:00 p. m. y está a la espera de que se definan las medidas cautelares en su contra, lo cual se dará durante una audiencia programada para la tarde de este lunes.
La causa por los hechos se tramita bajo el expediente 25-001548-0369-PE por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones.
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