Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió el caso para estudio de fondo
21/07/24 | 08:01am
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado costarricense por la impunidad de la masacre de la Cruz de Alajuelita, ocurrida el 6 de abril de 1986, en la que siete mujeres (una adulta y seis menores) fueron asesinadas.
El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analiza si Costa Rica violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares al no investigar adecuadamente los hechos.
El caso fue presentado el 18 de febrero de 2021 por parte del Bufete Ramírez & Asociados, en favor de M. Z. M. y otras. El Estado fue notificado el 5 de julio de 2023 y dio su respuesta en octubre de ese mismo año. El 8 de mayo anterior, la CIDH resolvió declarar admisible el caso para estudio de fondo. Tras el análisis, la Comisión decidirá si eleva o no el caso ante al Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La parte peticionaria alega que la responsabilidad del Estado costarricense se debe a que la investigación y el proceso penal fueron "inadecuados".
El abogado Rogelio Ramírez, quien ha impulsado que este caso llegue hasta el sistema interamericano, cree que esto "sentará un precedente". Según Ramírez, ya se pasó el primer filtro y ahora el caso pasa al estudio del fondo. "Esto podría perfectamente terminar en que el Estado resulte condenado por violación de Derechos Humanos", explicó.
"Es un tema que se creía olvidado, pero que causó enormes heridas a las víctimas y a la sociedad costarricense. Como no hay respuesta del Estado, que sea entonces la Comisión la que intervenga y defina la responsabilidad en esta barbaridad", dijo el abogado.
La parte peticionaria alega que hubo "obstáculos concretos que impidieron a los familiares de las víctimas acceder a la justicia, como la falta de asistencia jurídica y la intimidación sufrida". El Estado costarricense, por su parte, alega que actuó con debida diligencia y que la petición es inadmisible por extemporaneidad, además de considerar que la CIDH no debe actuar "como una cuarta instancia" para revisar decisiones judiciales nacionales.
La CIDH analizará si Costa Rica violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño, la igualdad ante la ley y la protección judicial, así como los derechos establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El caso de La Cruz de Alajuelita es el asesinato múltiple más infame de la historia de Costa Rica. Las víctimas, que participaban en una peregrinación católica en honor al Santo Cristo de Esquipulas, fueron asesinadas al descender del cerro San Miguel. Los cuerpos fueron hallados al día siguiente en un cafetal, con múltiples heridas de bala y signos de violencia sexual en tres de las niñas.
Se trataba de las hermanas Marta Eugenia (41 años) y Rosario (29) Zamora Martínez. La primera iba acompañada de sus hijas Cristina (18 años); María Gabriela (16); María Auxiliadora (11) y Carla Virginia (9) Salas Zamora. Doña Rosario iba acompañada de sus hijas Alejandra (13); Carla María (11) y María Eugenia (4) Sandí Zamora.
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La policía identificó inicialmente a cuatro sospechosos, dos de los cuales murieron durante el proceso. Los otros dos fueron llevados a juicio y condenados. Se trataba de Arnoldo Mora Portilla y Jorge Luis Mora Sandí. La condena, sin embargo, fue anulada por la Sala III por un serie de irregularidades, incluyendo el uso de tortura para obtener una confesión.
Un segundo juicio tampoco prosperó debido a la muerte violenta de otro sospechoso. En 2001, surgió una nueva línea de investigación que vinculaba a guerrilleros nicaragüenses con la masacre, pero la fiscalía no retomó esta hipótesis, y el caso prescribió en 2006.
Hay quienes vinculan esta masacre con el criminal conocido como 'El Psicópata', un asesino en serie que actuó en el país durante los años noventa. No obstante, Rosario Zamora, quien perdió a sus tres hijas, sus tres sobrinas y una hermana en la masacre, descarta esta hipótesis.
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