Nueva contratación de urgencia en Justicia: ministerio selecciona empresa para comprar camiones por ¢130 millones destinados a distribuir alimentos en cárceles
La selección de la empresa se hizo mediante un procedimiento especial avalado por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, según documentos en Sicop
13/11/26 | 16:54pm
Tres días después de adjudicar, bajo la modalidad de urgencia, un contrato por $10 millones para la construcción de una cocina y obras complementarias en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), el Ministerio de Justicia volvió a recurrir a ese mecanismo de contratación para adquirir camiones destinados a distribuir alimentos en las cárceles, por un monto de ¢130 millones.
Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el trámite se publicó este viernes a las 2 p. m. y, minutos antes de las 4 p. m., el expediente ya figuraba como “contrato finalizado”. La empresa seleccionada en este caso es Veinsa S.A.
Justicia justificó el uso de este mecanismo al argumentar que la compra de los camiones era urgente y que no había tiempo suficiente para realizar un procedimiento de contratación ordinario.
“Una nueva licitación menor requeriría un plazo de tramitación que transciende el período requerido para la satisfacción oportuna de la necesidad”, señalaron los encargados en los documentos publicados en Sicop.
En condiciones ordinarias, el sistema detalla las distintas etapas de cada contratación. Sin embargo, en este caso no aparecen fechas de apertura ni de cierre para la recepción de ofertas. El expediente únicamente indica que se trató de una “contratación fuera de sistema” y que su publicación en Sicop corresponde a un trámite de registro.
Escogencia del ministro
Los documentos señalan que, para seleccionar a la empresa, el Ministerio solicitó cotizaciones por correo electrónico a cinco compañías. La escogencia fue una decisión de la propia cartera, avalada por el jerarca, Gabriel Aguilar.
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De acuerdo con la documentación del proceso denominado “Contratación de urgencia para la adquisición de camiones destinados a la distribución de pan y productos agrícolas en los centros penales del Ministerio de Justicia y Paz”, la empresa Veinsa S.A. envió su cotización el 21 de octubre. Siete días después fue seleccionada y el ministro Aguilar comunicó la decisión el 2 de noviembre.
Justificación
Según las autoridades de Justicia, la decisión de tramitar una contratación «fuera del sistema» obedeció a que un procedimiento anterior, realizado en agosto, resultó infructuoso y ya no había tiempo para iniciar un nuevo concurso.
En ese proceso se recibió una única oferta, que la Administración no avaló.
El expediente público de la contratación no detalla las cotizaciones recibidas por los otros oferentes. Esto debido a que, según los documentos, no se recibieron ofertas de manera oficial, sino que únicamente se solicitaron cotizaciones por correo electrónico a cinco compañías. Tampoco se conoce el detalle de los montos ofrecidos por las otras empresas.
Justicia respalda la decisión en la necesidad de utilizar los recursos disponibles durante este año. Además, argumenta que se emitió una “alerta temprana” en Sicop sobre el proceso interno que se llevaba a cabo, aunque esto no representó la apertura de un procedimiento oficial de contratación.
La compra, cuyo registro y adjudicación quedaron consignados en Sicop en menos de dos horas, contempla tres camiones tipo furgón, cada uno con un costo de ¢43,3 millones. Las unidades deberán entregarse en un plazo de 20 días.
“(…) considerando la indagatoria de mercado efectuada y las cotizaciones referidas, en cuanto a la razonabilidad del precio se verifica que el precio es de mercado, no excesivo ni ruinoso, según se desprende de las propias cotizaciones recibidas y del estudio de mercado ejecutado por este Departamento”, señalan los documentos.
Justicia también fundamenta la urgencia de la compra en la necesidad de mantener el servicio de alimentación en los centros penitenciarios. Según la cartera, los camiones que se utilizan actualmente presentan un avanzado estado de deterioro.
Asimismo, las autoridades rechazan en los documentos que la necesidad de recurrir a este procedimiento especial sea consecuencia de una mala gestión administrativa.
“(...) no se debió a una mala gestión administrativa, negligencia u omisión por parte de los funcionarios del Departamento Industrial y Agropecuario (DIA), ya que esta situación no es el resultado de errores u omisiones que se hayan originado en la fase de planificación por parte de la Administración activa sino que, más bien, obedece a una situación de caso fortuito derivado de la infructuosidad del procedimiento licitatorio previamente gestionado; indicando el DIA que, ante la infructuosidad de dicho concurso, por parte de ese departamento se han diseñado y ejecutado medidas de contingencia extremas (como la habilitación del camión ganadero y pick-ups) para salvaguardar la alimentación de los centros penales y paralelamente la gestión de este procedimiento especial de urgencia.
“Asimismo, señala que, debido a la obsolescencia tecnológica inevitable, los camiones actuales han superado por amplio margen el ciclo de vida útil recomendado para el transporte logístico institucional (fijado técnicamente entre 5 y 7 años), siendo que, las averías recurrentes cada dos semanas son consecuencia directa de la fatiga de materiales sistémica y no de una falta de mantenimiento preventivo”, menciona un oficio interno.
Servicio esencial
Los camiones adquiridos mediante este procedimiento de urgencia tienen como finalidad distribuir pan y productos agrícolas en los centros penales del Ministerio de Justicia y Paz.
La cartera sostiene que el transporte es indispensable para garantizar el abastecimiento de alimentos en las cárceles.
“(...) el transporte constituye un eslabón esencial dentro de la cadena de producción y abastecimiento institucional, toda vez que de su disponibilidad y capacidad operativa depende que los productos elaborados en las panaderías y los provenientes de las fincas agropecuarias lleguen efectivamente a sus destinos.
“En este sentido, cualquier limitación en la capacidad de transporte podría comprometer la continuidad de los procesos productivos, afectar el abastecimiento de alimentos y repercutir directamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Departamento”, señala la justificación de la compra.
Los documentos agregan que el área encargada cuenta actualmente con tres camiones que presentan un desgaste progresivo. Las unidades realizan recorridos semanales de miles de kilómetros y registran entre 400.000 y 640.000 kilómetros acumulados, según los datos aportados por el Ministerio.
Ante esta situación, las autoridades advierten sobre el riesgo de no poder mantener las condiciones de inocuidad y calidad de los alimentos. También señalan posibles problemas de desabastecimiento, incumplimiento de los tiempos de entrega y averías en las unidades, lo que, a su criterio, “amenaza la continuidad de los servicios esenciales”.
“Estas situaciones generan un grave riesgo en la continuidad de la alimentación dado que la distribución de pan fresco y productos agropecuarios se debe realizar diariamente ya que con esto se asegura que el pan llegue fresco, sin humedad y que los productos agropecuarios no se contaminen y conserven sus propiedades óptimas de inocuidad y calidad”, agregan los documentos aportados por Justicia para justificar la compra de los camiones mediante un procedimiento especial de urgencia.