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Fotografía: MOPT

Contraloría declara parcialmente con lugar reclamos sobre multas, puntaje y experiencia en subasta de hangares del Tobías Bolaños

Gobierno deberá hacer ajustes en cartel de licitación antes de continuar con el proceso de alquiler de los espacios

27/03/26 | 13:20pm

La Contraloría General de la República (CGR) declaró parcialmente con lugar seis de los recursos de objeción presentados al proceso que pretende subastar y ajustar el precio de alquiler de 36 hangares ubicados en el Aeropuerto Tobías Bolaños. 

Los puntos que ahora la Administración deberá revisar y ajustar para continuar con el proceso, tienen relación con multas, puntaje y acreditación de experiencia. 

En AmeliaRueda.com dimos a conocer esta semana que se habían presentado 15 recursos de objeción que mantienen en pausa el proceso. 

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Los recursos de objeción que se resolvieron fueron interpuestos por las empresas Bel Ingeniería, CHARQ Estudio, Inversiones Siete Veintiuno, Valpo CR Consulting, Nefah, GPL S. A, Helicorp, Josue de Jesús Mendez, Lima Mike SRL, Javier Guardia Acosta, Servimed de Centroamérica, Manta Ray Studios y Aeronaves de América.

De manera previa, la Contraloría había rechazado dos recursos más presentados por las empresas Aero Consultores y la Asociación de operadores y propietarios de aeronaves AOPA, esto debido a que se presentaron de forma extemporánea. 

“Los recurrentes plantearon un total de 88 alegatos”, informó la Contraloría al rechazar la mayoría de ellos.

El resultado del análisis determinó que los aspectos relacionados con cantidad de espacios disponibles, adjudicación múltiple, plazo de la concesión, modelo tarifario, actividades comprendidas, actualización del canon, situación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vigencia de la oferta, patentes, ofertas alternativas, razonabilidad del precio y apostilla de documentos, fueron rechazados de plano porque no se logró acreditar fundamento en lo planteado. 

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Por otra parte, los alegados que tenían relación con la exclusión de la aviación privada, situación de permisionarios y certificado de explotación, fueron declarados sin lugar “siendo que se determina que existe una disposición normativa que habilita el actuar de la Administración”.

Lea: Alquiler de hangares en Tobías Bolaños costará entre ¢265 mil y hasta ¢3,4 millones al mes, promueve licitación

Ajustes

Tras analizar los 88 alegatos presentados, la Contraloría determinó que los ajustes y revisión deberá realizarse en tres aspectos específicos, dos de ellos que formaban parte de los reclamos de los interesados y uno más que se agrega de oficio por parte del ente contralor.

“Los alegatos relacionados con multas y acreditación de experiencia se declaran parcialmente con lugar, siendo que no se acreditó en el expediente la existencia del estudio dispuesto en la normativa, ni se tiene claridad sobre la pertinencia de solicitar experiencia a un consorcio de frente al tipo de concurso promovido.

“… de forma oficiosa se requiere a la Administración revisar la fórmula empleada para la asignación del puntaje, pues podría resultar inaplicable en el momento de la evaluación”, informó la CGR.

El proceso de licitación que impulsa el gobierno pretender dar en alquiler 36 espacios del aeropuerto Tobías Bolaños, donde en algunos se tiene infraestructura y en otros se ofrece el uso del lote. 

Para el proceso se establecieron precios base que serán asignados mediante puja de espacios al mayor precio por el plazo de 10 años. 

La propuesta promueve que los espacios de alquiler a cargo de terceros privados pasen de ¢40 mil al mes (en promedio) a precios que varían por tamaño y ubicación. 

El cartel de licitación activo promueve montos de alquiler que van entre ¢265 mil y hasta ¢3,4 millones al mes, así lo promueve la licitación pública que ahora requerirá de ajustes en su cartel de pliego de condiciones disponible para los interesados. 

“Ahora la Administración debe atender lo resuelto por la CGR con el fin de continuar con las siguientes etapas del procedimiento licitatorio, por lo que el procedimiento queda en manos de la Administración”, señaló la Contraloría. 

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