Caso “Gallo Tapado” entra en etapa final de juicio: fiscalía pide comiso de ¢60 millones ubicados en cuentas del principal sospechoso
Extesorero del Banco Nacional es señalado por 33 delitos de peculado, cantidad responde a hechos de sustracción de dinero que se pudieron documentar
06/08/26 | 15:58pm
El juicio por el caso conocido como “Gallo Tapado” donde se investiga el robo de ¢3.293 millones de la bóveda principal del Banco Nacional (BN) entra en su etapa final.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) hizo sus conclusiones en el proceso, solicitando una pena de 396 años de prisión contra el extesorero de la entidad bancaria y principal sospechoso de la pérdida del dinero, Ricardo Olivas Valle.
Además, se pide el comiso del dinero ubicado en sus cuentas, más de ¢60 millones.
Al exfuncionario, quien se mantiene en prisión preventiva, se le acusa de cometer 33 delitos de peculado, cantidad que responde a hechos de sustracción de dinero que se pudieron documentar por parte de la fiscalía.
Por cada uno de estos delitos se pidió la pena máxima que es de 12 años de prisión.
“Eso da un total de 396 años de prisión, pero recordemos que el Código Penal tiene reglas para este tipo de delitos y hay una regla que se llama las reglas del concurso material a la hora de fijar la pena. Entonces, aunque la pena se puede fijar entre 396 años, por las reglas del concurso material, eso quiere decir que cada delito concursa materialmente con el otro, y se establece que la pena en caso de concurso material no puede superar el triple de la mayor.
“Entonces, al ser 12 años la pena que estamos solicitando, el triple de la mayor serían 36. Eso quiere decir que el tribunal podría ponerle 396 años que adecuados a las reglas del concurso material, se fijarían 36 años”, explicó a AmeliaRueda.com el fiscal a cargo del caso, Ronald Segura.
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El juicio por el caso “Gallo Tapado” inició el pasado 14 de mayo y finalizaría la próxima semana tras avanzar con las conclusiones que realizarán los abogados del Banco Nacional, la Procuraduría General de la República (PCG) y el defensor de Olivas Valle.
Se espera que este proceso pendiente acabe el próximo lunes y luego se estaría a la espera de que el tribunal convoque en los cinco días posteriores a la audiencia donde se conocerá el por tanto del caso.
¿Dónde está el dinero?
Al llegar a la etapa final de juicio donde se señala al extesorero del BN de sustraer ¢3.293 millones se mantiene la incertidumbre sobre el destino del dinero robado, al tomar en cuenta que, pese a que se señalaron gastos millonarios en la compra de juegos de azar, es prácticamente improbable que ese haya sido el destino de todo lo sustraído.
Para responder dicha pregunta, la fiscalía mantiene abierta otra causa penal contra Olivas Valle por el presunto delito de legitimación de capitales.
En dicho expediente se pretende responder dónde está el dinero.
De acuerdo con Segura, en las cuentas bancarias del extesorero se ubicaron ¢60 millones, los cuales este miércoles se solicitó al tribunal avalar su comiso.
“Nosotros tenemos otra investigación abierta que es por legitimación de capitales, en la cual figura como imputado Ricardo Olivas, en la cual estamos investigando el destino de algunos de los fondos. Ayer (miércoles) pedimos el comiso de una suma de ¢60 millones que estaban en las cuentas del imputado para que el Tribunal nos otorgue el comiso definitivo al Estado de ese monto.
“Obviamente hay mucho dinero que no se ha ubicado y esto básicamente es porque las sustracciones que él realizó comenzaron en el año 2021, el hecho se descubre hasta octubre del año 2023, de manera que pasaron dos años en los cuales él pudo disponer de dinero de diferentes formas y eso es lo que estamos investigando ahorita, para ver si logramos recuperar parte de ese dinero”, explicó el fiscal.
La investigación por presunta legitimación de capitales con el dinero sustraído al Banco Nacional se mantiene activa.
Sustracciones comprobadas
Olivas Valle era extesorero del Banco Nacional y la acusación en su contra muestra en video los momentos en lo que, al parecer, el imputado sacó dinero en efectivo de la entidad bancaria por medio de un sobre manila.
Las horas de grabación habilitadas y la denuncia tardía de los hechos fueron factores que limitaron la investigación, ya que es posible creer que fueron muchas más las sustracciones de dinero, pero que no se pudieron documentar para incluirlas en la acusación.
“Básicamente la investigación abarcó desde el año 2019 hasta el octubre del año 2023, que fue cuando se dio el arqueo, en el cual se determina la sustracción.
“Había una limitación que era con las horas de grabación que tenían las cámaras del Banco Nacional que eran apenas 200 días que respaldan, porque la memoria es muy grande para video, Entonces, pudimos ubicar en cámaras información desde abril del año 2023 hasta octubre del año 2023. Básicamente fueron 4 meses y 29 días los que pudimos ubicar con video”, detalló el fiscal a cargo.
En dichas horas de grabación se lograron ubicar 33 sustracciones de dinero con el mismo modo de operar, la fiscalía señala que Olivas Valle llenaba un sobre manila de dinero, lo hacía en su oficina del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del BN y luego salía con el dinero de la entidad bancaria.
De la misma manera y con los videos de prueba se documentaron 33 sustracciones, aunque se tiene claro que antes tuvieron que darse “muchas más”.
A la prueba en video se suma la prueba testimonial y los informes de Auditoría que revelan el faltan del dinero, más de ¢3.293 millones.
Para el fiscal a cargo del expediente, el caso “Gallo Tapado” representa un proceso judicial exitoso donde, pese a su complejidad, en menos de tres años se logrará tener una sentencia, tomando en cuenta que la denuncia por el millonario robo se registró en octubre del 2023.
“Para que la justicia realmente sea pronta y cumplida y para que los casos no mueran por impunidad, por el paso del tiempo, porque al poder acusarse rápido, investigarse bien y llegar a juicio de manera rápida, primero, mantenemos a los imputados detenidos, que es importante; segundo, los testigos no olvidan los hechos o las circunstancias que ellos pudieron observar directamente.
“No es igual llamar a un testigo dos años de después que llamarlo 10 o 15 años después, como ha pasado en algunos casos o incluso más tiempo. Entonces, debería ser un estándar que deberíamos de tener en todas las fiscalías, que los casos se puedan acusar máximo en 2 años y el juicio realizarlo el año siguiente para que se dé este principio de justicia pronta y cumplida”, manifestó Segura.
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