Bancos y víctimas de estafas chocan por proyecto de ley que invierte carga de la prueba en casos de fraude
Iniciativa daría plazo de 30 días a las entidades bancarias para investigar los casos y devolver dinero
10/04/25 | 13:41pm
Los bancos y víctimas de estafa chocan con el avance en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley No. 23.908, el cual invierte la carga de la prueba en casos de fraude y obliga a las entidades bancarias a encargarse de la investigación y devolver el dinero en los casos que así se determine.
Actualmente es el usuario bancario el que debe demostrar que fue víctima de estafa.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó en un comunicado de prensa que el proyecto impulsado por el diputado del PLN, Óscar Izquierdo, es “una medida simplista, irresponsable y riesgosa” y que más bien provocará el aumento de los casos.
Esta opinión causa la molestia del movimiento de víctimas de estafas de bancos, quienes aseguran que la oposición de las entidades bancarias al proyecto se da porque ahora sí tendrán que asumir su responsabilidad en los casos de fraude.
La vocera del movimiento, Carmen Rojas, dijo que hasta el momento los bancos no han mostrado interés en el tema y “no les ha importado el tema de las estafas porque no han tenido que asumir nada”.
“La balanza de pérdidas ha estado inclinada absolutamente hacia las víctimas, a la Asociación bancaria eso no le ha importado, ahora es que le viene a importar”, dijo Rojas al explicar que desde años atrás, con el aumento en la cantidad de estafas bancarias, las entidades sólo envían un machote y pasan los meses sin respuesta sobre el dinero perdido.
Para la vocera del grupo de víctimas la posición de la ABC es irrespetuosa y no toma en cuenta el drama humano que representa ser víctima de una estafa y perder todos sus ahorros de la noche a la mañana.
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Agregó que tienen casos de personas que han terminado en hospitales o incluso fallecieron tras ser víctimas de estafa y no lograr una respuesta oportuna de los bancos y autoridades.
Rojas dijo que lograr que el proyecto avance es fundamental para que los bancos asuman su responsabilidad, investiguen lo ocurrido y devuelvan el dinero si se demuestra que hubo una falta de la entidad bancaria.
Para la vocera, este proyecto y la obligación para que los bancos intervengan se logrará que las entidades bancarias inviertan en mejores controles de seguridad y blindaje de sus sistemas “porque es más barato blindar que pagar”.
“Porque hasta ahora ha sido absolutamente fácil para ellos (los bancos) en un machote sin ninguna cortesía con los clientes, sin ninguna empatía con las víctimas, sin analizar a profundidad, simplemente le endosan la culpa a las víctimas”, dijo.
Contraria a la posición del movimiento de personas estafas, está la de la ABC, quienes advierten ahora que el proyecto podría generar un incremento en la cantidad de estafas, las cuales, aseguran, las realizan grupos criminales organizados.
El asesor económico de la Asociación Bancaria, Rodrigo Cubero, asegura que el plan tiene “buenas intenciones” y hay algunos elementos que se pueden rescatar pero que no se puede generar un efecto contrario como ocurrió en Chile en el 2023.
“Tiene un desbalance o produce en desbalance en el tratamiento de este fenómeno que podría estimular las estafas bancarias.
“El proyecto debe equilibrarse”, dijo Cubero al reconocer que el plazo de 30 días naturales para investigar los casos es un plazo adecuado y que también están de acuerdo en pagar de inmediato si se demuestra la falta del banco, pero agrega que se debe tener claro que dentro de la investigación pueden existir también resultados de dolo, descuido, negligencia grave o autofraude.
En la ABC aseguran que la problemática de las estafas requiere una intervención más integral y por eso piden “equilibrar” la propuesta legislativa.
“El proyecto de ley adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos. En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a los bancos. Lo planteado en el proyecto, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas y favorecería, en la práctica, el financiamiento de las estructuras criminales”
“Lo importante es evitar que el dinero de las estafas llegue a los delincuentes. Solo así se resolverá la causa raíz del problema. Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”, dijo Cubero.
Por su parte, el diputado que impulsa la iniciativa de ley defiende el fondo del proyecto y la posibilidad de que los bancos logren blindar sus sistemas de las estafas.
Asegura que el procedimiento actual es inhumano al obligar a la persona que perdió todo su dinero a demostrar que esto ocurrió: “eso es muy doloroso”.
“Nosotros pensamos que ese es un principio básico, invertir la carga de la prueba, ósea, que no es que la persona tiene que ir a demostrar, sino que es el banco quien tiene que demostrar si hubo auto fraude o si no lo hubo; y si no lo hubo debe pagarle el dinero, sus ahorros, en un plazo prudencial para que el banco pueda hacer el estudio”, manifestó el diputado al agregar que el tiempo prudencial establecido y acordado por partes es de 30 días.
El proyecto de ley aún se encuentra en etapa de discusión en la Asamblea Legislativa, Izquierdo asegura que están anuentes a realizar ajustes, pero sin perder la intención de lograr un trato más humano y cordial y una respuesta rápida y efectiva de las entidades bancarias con sus clientes víctimas de estafa.