Aseguradoras privadas se oponen a proyecto de ley que plantea usar primas de seguros para financiar monitoreo de emergencias
Advierten que vendrá a encarecer los costos de las pólizas
29/04/25 | 13:53pm
La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) anunció su oposición al proyecto de ley 24.738, que propone la creación de un nuevo impuesto sobre las primas de seguros para financiar a las redes de monitoreo de emergencias del país, las cuales, desde el año 2023 se quedaron sin financiamiento para dar mantenimiento a los equipos.
El proyecto pretende establecer un impuesto del 0,6% sobre las primas de los seguros, lo que a criterio de la APP vendrá a encarecer los costos de las pólizas.
“La iniciativa impondría un nuevo impuesto sobre seguros de vida, salud, incendios y líneas afines, afectando directamente a los consumidores y limitando su acceso a mecanismos de protección esenciales”, señaló la Asociación mediante un comunicado de prensa.
Indicaron que, de acuerdo con los datos, la medida representaría “un costo adicional de aproximadamente ¢3.100 millones anuales que recaería directamente sobre las personas y empresas aseguradas, encareciendo el acceso a la protección de la vida, la salud y el patrimonio. Esta cifra se incrementaría anualmente al ritmo del crecimiento del mercado de seguros, sin ningún tope”.
Para la AAP, este proyecto de ley impactará directamente a todos los consumidores, con especial afectación, señalan, para los créditos de vivienda. Aseguran que actualmente ya existen suficientes cargas tributarias para las pólizas y que, incluso, en la Asamblea Legislativa existen más iniciativas con la misma finalidad, de seguir aplicando nuevas cargas sobre las primas de seguros.
“Los costarricenses que buscan adquirir una vivienda mediante crédito enfrentarán incrementos en las cuotas debido al aumento de los seguros de incendio y vida relacionados al crédito, encareciendo el acceso a este tipo de préstamos”, manifestaron.
El proyecto de ley que ahora tiene la oposición de las aseguradoras privadas pretende dar recursos frescos a las cuatro principales redes de monitoreo del país: el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), Red Sismológica Nacional, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y el Laboratorio de Ingeniería.
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Estas entidades se quedaron sin financiamiento en el 2023 cuando, por la entrada en vigencia de la Ley de Finanzas Públicas, finalizó la aplicación del transitorio No. 1 de la Ley Nacional de Emergencias que permitía a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) recibir los superávits de las instituciones y financiar las redes de monitoreo, ahora esos recursos (superávit) se quedan en el Ministerio de Hacienda.
Ante esto, se impulsa el avance del proyecto que establecería un nuevo mecanismo de financiamiento para la compra y mantenimiento de equipos.
“Por técnica de seguros, cualquier carga o gasto en seguros se traslada a la tarifa que paga el consumidor, quien hace un esfuerzo económico para protegerse de los riesgos. Es incompresible que este sector que previene sus riesgos sea castigado teniendo que asumir el financiamiento directo del gasto de entidades públicas, que además no están relacionados ni tienen vinculación con sus seguros. Entendemos la necesidad de estas instituciones que tuvieron 5 años para buscar fuentes de ingresos, sin embargo, no es justo que su financiamiento recaiga en las personas aseguradas”, agregó la Asociación de Aseguradoras Privadas del país.
Para este grupo de empresas, el impuesto del 0,6% que se pretende limitaría el acceso a una póliza para las personas y piden a los diputados reconsiderar la propuesta.