Poder Judicial tiene una “baja capacidad sancionatoria” ante denuncias contra sus funcionarios: “sólo 7,7% resultó con lugar”, revela informe

El quinto informe del Estado de la Justicia, elaborado por el Estado de la Nación, revela que el Poder Judicial tiene una “baja capacidad sancionatoria” a nivel interno, es decir, las denuncias presentadas sobre sus funcionarios suelen, en su mayoría, terminar desechadas. 

De acuerdo con los datos, en el año 2023 se presentaron denuncias contra 1.260 funcionarios y de esas la mayoría (el 65%) fueron desestimadas y sólo un 7,7% resultó “con lugar”. 

A criterio de los expertos del Estado de la Justicia estos datos muestran “la baja capacidad sancionatoria del sistema”.  

La Coordinadora del Informe Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal, manifestó que las cifras deben ser tomadas como una alerta ante los problemas que muestra el Poder Judicial de aplicar su régimen disciplinario “sobre todo pensando en la vulnerabilidad por crimen organizado, por corrupción”.

Para la experta es necesario que el sistema justicia sea más ágil oportuno en aplicar el régimen sancionatorio cuando sea necesario ante los casos donde se detecte que los funcionarios no acatan la normativa. 

Evelyn Villarreal - Coordinadora del Informe Estado de la Justicia

“Seguimos teniendo un problema muy serio en la Inspección Judicial porque tienen una tasa de sanción muy baja, de cada 100 denuncias que hay a un funcionario judicial en la inspección, sólo un siete por ciento reciben una sanción que puede ser cualquier cosa; esa sanción puede ser hasta una llamada de atención”, dijo Villarreal. 

Más preocupaciones

Otro de los aspectos en los que llama la atención el quinto informe del Estado de la Justicia tiene relación con la aplicación de cambios para la toma de decisiones a lo interno del Poder Judicial. 

En el documento se señala que persiste una “sobrecarga de funciones en la Corte Suprema de Justicia”.

“Se aumentó el volumen de decisiones administrativas centralizadas en las magistraturas en detrimento de sus funciones más estratégicas, un problema señalado desde el Primer Informe Estado de la Justicia, del año 2015, con el agravante de que las propuestas de reforma al gobierno judicial no se aprobaron. 

“Producto del Grupo de Trabajo #8 de reformas urgentes, en 2020 se presentó un plan llamado “Modelo de Gobierno Corporativo” sugería eliminar una serie de competencias de la Corte y trasladar decisiones a los entes técnicos, pero en los cinco años siguientes tampoco llegó a aprobarse”, señala el informe. 

En el análisis se menciona que entre el 2020 y 2023 se registró un aumento de 665 a 1.112 asuntos administrativos a cargo de la Corte; además de otros trámites como evaluaciones de desempeño, contrataciones y consultas de proyectos de ley en materia penal. 

“Esta concentración de poder y de tareas en la Corte Suprema compromete la independencia en la estructura interna del Poder Judicial, reduce la transparencia y limita la eficiencia de la institución.

“Las tareas administrativas de las magistraturas compiten con sus importantes funciones jurisdiccionales en las salas de casación y constitucional”, explica el informe.

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Respuesta

Sobre los señalamientos de “baja capacidad sancionatoria” en el Poder Judicial, la institución aseguró que un “alto número” de esas denuncias que se reciben en la Inspección Judicial corresponden a molestias tras una resolución en sedes como Tribunales y Juzgados, lo cual no es competencia de dicho órgano. Agregan que también se reciben molestias por atrasos en los procesos por mora judicial y destacan que en este momento se impulsa un proyecto de ley para modernizar el régimen disciplinario y “hacerlo más ágil, efectivo y transparente”.

En el quinto informe del Estado de la Justicia dado a conocer este miércoles, los expertos abordaron todo tipo de aspectos, desde el acumulado de expedientes judiciales, atrasos en las resoluciones, ataques entre poderes de la República, entre otros. 

Ante esto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, manifestó que reconocen que existe puntos de mejora dentro de la institución y agregó que ya se están aplicando cambios para reducir el rezago judicial y la duración de los procesos penales. 

Orlando Aguirre – presidente, Corte Suprema de Justicia

Entre los cambios que proponen los magistrados para agilizar los procesos judiciales Aguirre hace mención a la reforma del Código Procesal Penal que “permitirá juicios más céleres, mejor uso de los recursos y menos trabas por conflictos de agenda de los abogados”. 

En su respuesta a los resultados del informe, el presidente de la Corte no hizo mención a los señalamientos y preocupación de los expertos sobre la débil gestión interna para aplicar el régimen disciplinario.