56 funcionarios de confianza de diputados obtuvieron plazas administrativas en la Asamblea Legislativa; Auditoría señala incumplimientos en los procesos
Nombramientos se apartaron de los principios de transparencia, igualdad, mérito y libre concurrencia, dice informe
22/04/26 | 14:14pm
Al menos 56 funcionarios con plaza de confianza en fracciones legislativas lograron, entre 2023 y 2025, obtener puestos administrativos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Así lo revela un informe reciente de la Auditoría Interna del Congreso, que advierte múltiples incumplimientos en los procesos de nombramiento y movimientos de personal durante el actual período.
Se trata del informe AL-AUIN-INF-0006-2026, emitido el pasado 16 de abril y del cual AmeliaRueda.com tiene copia. El documento, de 34 páginas, detalla diversas gestiones avaladas por el Directorio Legislativo que contravienen la normativa vigente.
“El análisis detallado de dichos movimientos (nombramientos), aprobados por el Jerarca Institucional, permitió identificar prácticas que se apartan de los principios de transparencia, igualdad, mérito y libre concurrencia, en detrimento del régimen de carrera administrativa”, señala el informe.
En el caso de los 56 funcionarios que pasaron de puestos de confianza a plazas administrativas, la Auditoría indica que la lista incluye asesores directos de integrantes del Directorio Legislativo. Estos movimientos les permitieron acceder, en su mayoría, a cargos de nivel profesional, jefaturas e incluso posiciones gerenciales.
El informe también identifica 38 nombramientos en áreas administrativas considerados de “nuevo ingreso”, correspondientes a personas sin vínculo laboral previo con el Congreso, pero que mantenían relaciones ad honorem con fracciones o con el propio Directorio.
“Estos movimientos se realizaron sin procesos de concurso ni evidencia formal que permita acreditar la experiencia, conocimientos o competencias requeridas para el ingreso al régimen de carrera”, advierte el documento.
Además, tras revisar las actas del Directorio Legislativo, la Auditoría concluyó que las decisiones carecen de motivación suficiente, al sustentarse únicamente en referencias al “Registro de postulantes”, sin un orden de prelación basado en mérito.
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Ante estos hallazgos, la Auditoría enfatiza que la potestad de nombrar no es absoluta y debe ejercerse conforme a la legalidad, garantizando la idoneidad de las personas designadas y el debido proceso.
También advierte que realizar nombramientos sin mecanismos técnicos de evaluación convierte estas decisiones en actos arbitrarios, en contravención del régimen de mérito que rige el empleo público.
“Las prácticas descritas evidencian una afectación a los principios de transparencia y libre concurrencia, así como al régimen de carrera administrativa. Este proceder podría configurar una desviación en el ejercicio de la potestad administrativa, al sustituir criterios objetivos por decisiones subjetivas”, concluye el informe, que detalla los incumplimientos detectados en la actual administración del Congreso.
De asesora a gerente
El informe de Auditoría sobre nombramientos de personal en la Asamblea Legislativa recopila todos los movimientos de personal realizados entre marzo del 2023 a septiembre del 2025.
Entre los movimientos analizados que carecieron de fundamento técnico, análisis de idoneidad y concurso adecuado se mencionan ejemplos, uno de ellos corresponde a una funcionaria que desempeñaba una plaza de Profesional 2B como asesora de la Presidencia del Directorio Legislativo y que tras un acuerdo (del Directorio Legislativo) se le asignaron funciones como Gerente del Instituto de Formación e Investigación del Congreso, área creada recientemente.
“Esta designación se realizó sin mediar proceso concursal ni mecanismo competitivo que permitiera valorar su idoneidad frente a otros potenciales oferentes. Posteriormente, se autorizó que dicha persona continuara desempeñando, hasta el 30 de abril de 2026, simultáneamente funciones de asesoría en la Presidencia (sesión N° 157-2025), consolidando una doble condición funcional”, menciona el informe.
La decisión tomada por el criterio se realizó a dedo y representa además un incumplimiento legal, al permitir el ejercicio simultaneo de funciones gerenciales y de asesoría política, ya que el primer cargo (gerente) es parte del régimen de prohibición y dedicación técnica exclusiva.
El informe revela más ejemplos, uno de ellos es el caso de un funcionario con plaza de subjefe de seguridad a quien también se le asignó como gerente del Departamento de Seguridad y Vigilancia, área creada también de manera reciente.
Tras emitir las conclusiones, el informe recomienda suspender de inmediato todos los procesos de nombramientos activos y crear con urgencia un procedimiento acorde a la legalidad para realizar los movimientos de personal en el Congreso, el cual, garantice la evaluación de la idoneidad de las personas para cada cargo, la publicidad de los procesos y la participación activa de todos los interesados.
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