17 funcionarios de la Asamblea Legislativa registran cobro de entre 300 y 690 horas extra en un año, Auditoría revela descontrol en los pagos
Informe advierte sobre “riesgo de fraude” y “uso inadecuado de fondos públicos” en dicho rubro
10/03/26 | 16:07pm
Un grupo reducido de funcionarios concentra un alto porcentaje del total de horas extras que paga la Asamblea Legislativa, así lo revela un reciente informe de Auditoría Interna del Congreso que hace el llamado de atención a establecer mejores controles en el área.
Se trata de un informe de carácter especial sobre el pago de tiempo extraordinario, el documento AL-AUIN-INF-0014-2025 dado a conocer en diciembre anterior, donde se revela todo tipo de hallazgos tras la revisión de los pagos en horas extras realizados en el año 2024.
Se determinó, por ejemplo, que hay un grupo de 17 funcionarios que cobraron entre 300 y 690 horas extras en un solo año.
De este grupo, seis pertenecen al área de transportes, cuatro a seguridad, cuatro a mantenimiento, dos a prensa institucional y uno a protocolo.
El informe determina que de manera irregular en el Congreso se avala el pago de horas extras para cumplir con labores que son parte de la jornada regular.
Normativa desactualizada, debilidades en la planificación de los recursos, falta de controles previos, inconsistencias en formularios y riesgos a fraude en cobros, son parte de los hallazgos del informe emitido.
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“Destaca que algunas dependencias presentan una recurrencia mensual en la utilización de tiempo extraordinario para realizar labores ordinarias, por lo que se deberá plantear la elaboración de estudios de carga laboral o medidas correctivas para reducir esa práctica.
“También se observó que no se cuenta con un sistema integral de monitoreo que permita generar alertas sobre exceso de horas o irregularidades en la distribución, lo que limita la capacidad de la administración para ejercer un control preventivo”, señala el informe al hacer el llamado de atención a la Administración para que se mejoren los controles, planificación y supervisión de los pagos por tiempos extras.
Las irregularidades que señala el informe, del cual AmeliaRueda.com tiene copia, fueron denunciadas además desde meses atrás por la diputada oficialista Ada Acuña.
Presupuesto
La legislación establece que el pago de horario extraordinario debe realizarse con debida justificación y para circunstancias excepciones; sin embargo, lo que ocurre en la Asamblea Legislativa está lejos de la normativa.
La Administración justifica la reincidencia de los pagos en la falta de personal en algunas áreas.
De acuerdo con los datos, para el período 2020 – 2024 la subpartida de tiempo extraordinario tenía un contenido presupuestario de ¢1.470 millones, dinero que resultó insuficiente al cierre del lapso y en total se necesitaron (al cierre del plazo) ¢387 millones más, siendo los años 2023 y 2024 los que registraron “un aumento atípico en el gasto por ese concepto”.
“En dichos años se concentró un total de ¢855 millones, lo que representa aproximadamente el 46% del presupuesto asignado para el quinquenio”, revela el informe.
Los departamentos de seguridad, transportes, relaciones públicas, comisiones, ujieres destacados, ujieres, mantenimiento, tecnología de la información y gerencias son los que registran la mayor cantidad de horas extras canceladas entre sus funcionarios.
En estos casos, reitera el informe, que los pagos se dieron principalmente para el desarrollo de labores o actividades que se catalogan como ordinarias.
“Según lo comentado por los jefes y Gerentes de dichas dependencias, debido a las particularidades de las actividades que realizan, existe faltante de personal para cumplir con las funciones en el horario ordinario, razón por la cual se recurre al pago de tiempo extraordinario para cumplirlas”, menciona el informe.
En el caso del departamento de Seguridad, se menciona que la cantidad de funcionarios es insuficiente pese a que se han eliminado algunos puestos de control para el ingreso de personas al edificio.
“Adicionalmente, deben brindar apoyo en las actividades organizadas por la Gerencia de Protocolo y en aquellas solicitadas por las señoras y señores diputados, además de atender un aumento en los requerimientos de seguridad debido a amenazas constantes que se reciben”, agrega el documento.
Fondos públicos
Pese a las justificaciones de los diferentes departamentos, el informe establece que urge mejorar el sistema de control de pago de tiempo extraordinario porque existe un riesgo de uso inadecuado de fondos públicos, e incluso, de fraude en los cobros.
Es necesario mejorar la planificación institucional y establecer cargas laborales adecuadas, concluye Auditoría.
“La práctica señalada provoca un uso inadecuado de los recursos públicos, al destinar fondos de la subpartida de tiempo extraordinario para cubrir actividades ordinarias. Esto genera un riesgo de responsabilidad administrativa para quienes autorizan o avalan pagos de manera improcedente”, señala.
Además, se evidencia que el trámite de los cobros tiene múltiples debilidades, falta de control, e incluso, presentación de formularios con tachones, sin firmas de autorización, documentos de respaldo o motivos de justificación, entre otros. Esto se evidencia tras la revisión de los 1.950 formularios tramitados para el pago de horas extras en 2024.
“Lo anterior evidencia un debilitamiento del Sistema de Control Interno, por falta de supervisión constante, ya que, al incumplir la Gerencia de Recursos Humanos, con lo establecido en la normativa Institucional, al no devolver a las Áreas responsables de presentar la información correcta, verificada y autorizada y realizar las alteraciones a los documentos originales, se podría estar ante un riesgo de fraude por pagos indebidos que no corresponde realizar. Además, de la falta de trazabilidad y transparencia, posibilidad de manipulación arbitraria de los registros y debilitamiento de la confiabilidad de la información financiera”, revela el documento.
Las advertencias realizadas siguen en aumento, la Auditoría también detectó que jefaturas hacen cobro de horas extras pese a que no proceden por el puesto que ocupan y la normativa que los cubre: “en el caso de las jefaturas, la jornada ordinaria podrá ser hasta de doce horas y no se les podrá exigir que laboren más de ese período”.
La revisión realizada por la Auditoría señala que un total de nueve funcionarios con cargo de jefaturas cobraron tiempo extraordinario durante el año en análisis (2024) y en total sumaron 1.517 horas extras canceladas.
Todos los señalamientos realizados en el informe reflejan un débil sistema de control interno institucional, genera riesgo de fraude, afecta la confiabilidad del gasto y la fiscalización de los recursos públicos. Además, las inconsistencias detectadas “comprometen la integridad y la veracidad de la información registrada”.
“Si bien la gerencia departamental de comisiones señala que se ha recurrido al pago de horas extraordinarias a las jefaturas, debido a la falta de personal y al incremento en las cargas de trabajo, esta situación no exime el cumplimiento de la normativa institucional. Es decir, el personal únicamente puede devengar horas extra a partir de la décima segunda hora de jornada efectiva, conforme a lo establecido en la regulación vigente”, menciona la Auditoría.
Tras entregar el informe realizado, desde la Auditoría Interna de la Asamblea se emitieron diversas recomendaciones a los encargados de la Administración del Congreso a quienes se pide fortalecer el sistema de control interno y tomar medidas para evitar que las irregularidades detectadas permanezcan con el paso del tiempo.
La gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, fue consultada en el programa Nuestra Voz sobre lo dicho por Auditoría y el pago de tiempo extraordinario y reiteró que la situación se registra por la falta de personal.
"La Administración de la Asamblea Legislativa decidió o determinó que reduciendo el aparato legislativo eso iba a tener un impacto en la Asamblea Legislativa, entonces se aprobó la movilidad laboral.
"En esa movilidad laboral, en ese tiempo se fueron 128 personas, se van las personas, se les pagó lo que les correspondía, pero adicionalmente a esto las funciones no es que desaparecen, entonces, qué se tiene que hacer, las funciones que cumplían esas 128 se les tuvieron que asignar a otras personas para que las cumplieran, eso es lo que viene a generar cierta parte el tiempo extraordinario", dijo la funcionaria al hacer referencia a un proceso que se registró en el Congreso entre 2005 y 2021.