
Informe señala uso indebido de fondos públicos y aval de viajes con documentación incompleta y sin verificar relación de los cursos con puestos de funcionarios beneficiados
10/03/26 | 13:43pm
La Auditoría interna de la Asamblea Legislativa cuestiona los viajes a cursos en República Popular China que han realizado funcionarios del Congreso entre 2023 y 2025, por los cuales la Administración pagó ¢165 millones en permisos con goce de salario (¢161.000.000 en salarios y cargas sociales y ¢4.000.000 en pólizas de viaje).
Así lo señala el informe AL-AUIN-INF-0001-2026 emitido hace un mes, en el que se señala que los viajes otorgados se dieron sin cumplir con los requisitos establecidos, documentación incompleta y sin análisis adecuado de la relación que tiene cada curso con el cargo que desempeña el funcionario beneficiado.
De acuerdo con los datos, entre enero del 2023 y septiembre del 2025 en la Asamblea Legislativa se autorizó la participación de 212 funcionarios legislativos en actividades de formación en el exterior; dichos viajes se otorgan con diversos beneficios como permisos con goce de salario, licencias de estudio, pólizas de viaje, tiquetes aéreos y viáticos.
Para la Auditoría, es de especial atención el caso de los viajes a China, ya que del total de actividades avaladas en el exterior (212), la mayoría de ellas (147) correspondieron a cursos cortos impartidos en la República Popular China.
“… adquiere relevancia en virtud de que, si bien el gobierno de ese país financió una parte de los gastos (tiquetes aéreos, costo de los cursos, cuota de manutención), la participación de los funcionarios legislativos generó para la Asamblea Legislativa una erogación de fondos públicos por un aproximado de ¢165.000.000,00, rubro que comprende en su mayoría salarios y cargas sociales derivados de los permisos con goce de sueldo de los funcionarios por ¢161.000.000 y ¢4.000.000 por las pólizas de viaje”, señala el informe.
El Informe de Auditoría sobre viajes al exterior, analizó los beneficios que se otorgan a funcionarios legislativos para acceder a actividades de formación en el exterior, se emitió el pasado 5 de febrero y fue dado a conocer la diputada oficialista, Ada Acuña, quien durante toda su gestión ha realizado diversas denuncias sobre el uso de los fondos públicos en la Administración de la Asamblea Legislativa.
Los permisos otorgados a los trabajadores legislativos van desde los 13 y hasta los 82 días con goce de salario.
"Quiere decir que aquí muchas cosas que pasan por el directorio también pasan por la aprobación inmediata sin estudios, sin atinencias, sin condiciones, sin capacidad de las personas que están siendo elegidas", dijo Acuña sobre el tema en el programa Nuestra Voz.
En caso de los viajes patrocinados por China se concluye que el proceso de asignación no cumple con requisitos básicos establecidos en la normativa interna, como la “la alineación de las actividades de formación con las necesidades institucionales y el perfil del puesto de los funcionarios beneficiados, la planificación presupuestaria y la existencia de mecanismos de control sobre la autorización de dichos beneficios”.
Se revela que existe un uso inadecuado de fondos públicos al avalarse viajes a China de manera irregular.
Entre los casos señalados, sobre la relación cargo del funcionario versus tipo de curso, se menciona, por ejemplo, que un funcionario del departamento de Recursos Humanos participó de un seminario sobre el cultivo de hongos, una funcionaria de la Secretaría del Parlamento fue parte de un seminario de ciudades inteligentes.
También se menciona que un trabajador de Proveeduría fue a un curso de biogás y un funcionario de Departamento Financiero participó en un seminario de construcción de alianzas globales.
El reporte con mayor cantidad de días con permiso autorizado (82 días) corresponde a un funcionario del departamento de prensa del Congreso que asistió con goce de salario a un seminario sobre administración de las energías renovables.
“El examen realizado evidenció debilidades significativas en el control interno del proceso de trámite y autorización de estos beneficios. No fue posible determinar con exactitud cuál figura legal se utilizó para conceder los permisos con goce de sueldo y las pólizas de viaje; tampoco se constató que las gestiones se hubieran tramitado como licencias de capacitación conforme a la normativa interna.
“La documentación revisada mostró que los expedientes carecían de los requisitos esenciales exigidos por el Reglamento de capacitación y licencias de estudio, tales como la debida justificación institucional, el aval técnico del Departamento de Recursos Humanos, la comprobación de pertinencia y la firma del contrato de capacitación”, señala la Auditoría.
El análisis se basa en una revisión a profundidad realizada en 54 de los 147 expedientes avalados para los viajes a China y en ninguno de ellos se logró ubicar la completa que logre formalizar de manera adecuada el acceso al beneficio otorgado.
“En el análisis de atinencia y legalidad del gasto, la Auditoría Interna encontró que una parte importante de los cursos no respondía a necesidades institucionales ni guardaba relación con los planes de capacitación.
“En 53 de los 73 casos de personal administrativo revisados, el contenido de los seminarios no se vinculaba con las funciones, perfiles de puesto o formación profesional de los beneficiarios, lo cual contraviene lo establecido en el Reglamento de capacitación, el Reglamento Autónomo de Servicio y la Ley de licencias para adiestramiento de Servidores Públicos. Esta situación genera un uso inadecuado de los fondos públicos, pues los permisos con goce de salario se utilizaron para actividades que no aportaban valor institucional”, menciona el informe de Auditoría del cual AmeliaRueda.com tiene copia.
El texto señala de manera clara la ausencia de control previo en la asignación de los viajes, uso ineficiente del presupuesto, debilitamiento del control interno, fallas relevantes en el cumplimiento del marco normativo, débil coordinación entre instancias responsable del proceso y riesgos de legalidad.
“La Auditoría Interna encuentra que la autorización de permisos con goce de salario para que el personal atienda actividades de capacitación que no fueron incluidas en los planes institucionales constituye un uso indebido de los fondos, por cuanto desvía los recursos presupuestarios asignados al pago de salarios y otras remuneraciones por la prestación de servicios (correspondientes a la partida 0 de remuneraciones), redirigiéndolos hacia actividades de capacitación, para la cual no se contaba con presupuesto asignado.
“Esta situación no solo vulnera los principios de economía y eficiencia del gasto público, sino que también debilita el control interno, ya que el nuevo destino de los fondos no se registra y revela adecuadamente”, concluye el informe de 23 páginas, donde diversas recomendaciones para evitar implementar mecanismos de control y evitar que continúe el uso irregular e inadecuado de estos viajes previstos para capacitación del personal legislativo acorde a sus funciones.
Consultada sobre el tema en el programa Nuestra Voz, la gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, reconoció que hay puntos de mejora que deben analizarse para el control interno del Congreso y aseguró que en el caso específico de las becas corresponden a programas que se gestionan desde la Cancillería.
"Las becas que se tramitan internacionalmente son a través de la plataforma de la Cancillería y no son exclusivas de un programa para la Asamblea Legislativa, es para todo el Estado; así que la Cancillería podría dar explicaciones sobre los costos de cuánto le cuesta eso al país, no es sólo a la Asamblea Legislativa", dijo la funcionaria.
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