Reforma que flexibiliza regla fiscal a entidades como el ICE, Recope e Incofer pasa al plenario

La reforma que flexibilizaría la regla fiscal a entes públicos no estatales como los colegios profesionales y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros, obtuvo luz verde este miércoles en la Comisión de Hacendarios, que la dictaminó positivamente, de forma que ahora pasará a discusión en el plenario.

Este proyecto de ley fue presentado por el Gobierno de Rodrigo Chaves el 7 de septiembre de 2022, pero solo logró avanzar en Hacendarios después de que los diputados Paulina Ramírez (PLN), Eliécer Feinzaig (PLP) y Carlos Felipe García (PUSC) presentaron un texto sustitutivo a finales de marzo de este año.

La reforma, de ser aprobada por el plenario del Congreso, crearía nuevas excepciones a la regla fiscal, como por ejemplo a los entes públicos no estatales y las empresas públicas no financieras no contempladas anteriormente, excepto en aquellos rubros cubiertos por el presupuesto nacional.

Según documentación del Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan), algunos entes públicos no estatales con todos los colegios profesionales, el Banco Popular, el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Corporación Hortícola Nacional, y el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la Academia Nacional de las Ciencias, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el Instituto del Café (Icafé), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la junta de Jasec en Cartago son otros entes públicos no estatales.

Por su parte, algunas empresas públicas no financieras, siempre según documentos del Mideplan, son la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el ICE, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).

Según el proyecto de ley dictaminado, también se excluirían de la regla fiscal las donaciones a entes u órganos del sector público no financiero, los pagos a los contratos de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, exceptuando siempre los rubros del presupuesto nacional.

Por otra parte, la iniciativa cambia la definición de "promedio de crecimiento del PIB", que se utiliza para calcular las restricciones al gasto dependiendo de la situación fiscal del país. Antes se calculaba promediando el crecimiento interanual del PIB de los últimos seis años, y ahora se hará contemplando solo cuatro años.

Según la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, el objetivo de la reforma era mejorar la aplicación de la regla fiscal pero no debilitarla, tomando en cuenta las observaciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el fortalecimiento de la inversión estatal social.

"Las entidades excluidas no quedarán a la libre, sino que estarán bajo supervisión periódica por parte del Ministerio de Hacienda, el cual deberá hacer análisis de riesgo considerando un conjunto de indicadores tales como nivel de transferencias y límites de endeudamiento", acotó la legisladora liberacionista.