Levantamiento de cuerpos en accidentes de tránsito sin presencia de un juez, propone Poder Judicial
En reunión con presidentes del Ejecutivo y el Legislativo, la Corte presenta una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal y mejorar productividad judicial
17/03/23 | 08:58am
El levantamiento de cuerpos sin presencia de un juez cuando se trate de accidentes de tránsito es una de las reformas que propuso el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, en la reunión para buscar soluciones a la inseguridad que tuvo este jueves con el mandatario Rodrigo Chaves y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
El Poder Judicial puso sobre la mesa una iniciativa de ley para reformar el Código Procesal Penal, de forma que "en los accidentes en carretera que provoquen una muerte, cuando se trate de delitos culposos, la policía judicial podrá levantar el cuerpo sin necesidad de presencia de un juez", según un comunicado de prensa.
Esto ayudaría, primero, a evitar "largas presas" cuando hay accidentes de tránsito y se debe esperar a que un juez ordene el levantamiento del cadáver, lo que a su vez permitiría a los jueces "invertir su tiempo en procesos penales de mayor complejidad", dice el citado documento, entregado después de la reunión en la Corte Suprema.
Eso sí, cuando se sospeche que es una muerte violenta o consecuencia de un delito, el juez sí deberá practicar la inspección en el lugar de los hechos y ordenar el levantamiento del cadáver y el peritaje para determinar la causa y la forma del fallecimiento, según la reforma planteada por Aguirre.
De lo contrario, cuando se sospeche que la muerte en carretera es culposa (es decir, por imprudencia o negligencia) será la policía judicial la que disponga el levantamiento del cuerpo y el peritaje, y a su vez comunicará sus hallazgos a la autoridad judicial competente, en caso de avanzar la iniciativa del Poder Judicial.
Otras propuestas
La nota de prensa también muestra otras reformas que pide el Poder Judicial, como ampliar el tiempo en que los antecedentes penales de las personas condenadas permanecen en el registro de delincuentes, de forma que se genere un mayor control de las personas que han estado en conflicto con la ley.
También se propone que cuando en un caso se ordene la protección de víctimas o testigos, las audiencia, juicios y diligencias tengan carácter prioritario, y una reforma para ampliar los delitos en los que se pueden autorizar intervenciones telefónicas o de otros medios orales y escritos, para facilitar las investigaciones.