No hay conexión a internet 
Gira el telefono para mejorar navegación
    • VozYVoto.org
    • DataBaseAR.com
Elena Udrea y Alina Bica

Fiscalía pide prorrogar prisión provisional para políticas rumanas detenidas en Costa Rica

​Este lunes se cumplen los dos meses de cárcel que había dictado el Tribunal Penal de Pavas

Este lunes 3 de diciembre se cumplen los dos meses de prisión provisional que ordenó un juez del Tribunal Penal de Pavas a las dos exfuncionarias del gobierno de Rumanía, Elena Udrea y Alina Bica.

Debido a ello la Fiscalía solicitó ya una prórroga de medidas cautelares mientras culmina el proceso de extradición solicitado por ese país europeo.

"Esa prórroga se extiende hasta que culmine el proceso; sin embargo, de ser necesario, este despacho solicitaría distintas prórrogas hasta que finalice el proceso de extradición solicitado por Rumania", afirmó el Ministerio Público ante la consulta de AmeliaRueda.com.

La exministra de Turismo rumana, Elena Udrea, y su amiga, la exfiscal de Crimen Organizado y la Corrupción de ese país, Alina Bica, se encuentran en la cárcel para mujeres Vilma Curling desde el pasado 3 de octubre, cuando fueron arrestadas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que pertenecen a la Interpol, en las inmediaciones del parque La Sabana, en San José.

Lea: Exministra y exfiscal de Rumania sentenciadas por corrupción detenidas en Costa Rica.

Desde ese entonces, las autoridades nacionales iniciaron el proceso para enviarlas a Rumanía. En caso de que el juez ordene la extradición, el Estado requeriente tiene dos meses para llevarse a la persona y los costos corren por cuenta de ese país.

Diferentes apelaciones

Udrea y Bica son solicitadas en extradición por la justicia de Rumanía debido a que tienen causas pendientes por delitos de soborno, abuso de poder, cohecho y corrupción.

Las expolíticas han solicitado la excarcelación y hasta han presentado recursos de recurso de hábeas corpus para dejar la cárcel, sin embargo, siempre la respuesta ha sido negativa.

El pasado 2 de noviembre en una audiencia el Tribunal Penal de San José rechazó el pedido de excarcelación.

Después de eso, el 6 de noviembre acudieron a la Sala Constitucional para hacer las misma solicitad por medio de un recurso de hábeas corpus. En el recurso planteado por Udrea alegaba que tiene una hija que nació en setiembre y se queja de que las condiciones de la cárcel Vilma Curling no son las adecuadas para estar ella con la menor.

Lea: Exfuncionarias rumanas detenidas en Costa Rica solicitan excarcelación.

En el caso de Bica, ella realizaba una serie de cuestionamientos contra la solicitud de extradición en su contra, los cuales no fueron detallados por la Sala IV. Ambas fracasaron en su intensión.

Tras esa respuesta, el 16 de noviembre presentaron otro recurso de hábeas corpus, en el que alegaron que la sentencia que servía como base para solicitud de extradición fue anulada en Rumanía, por lo que pedían ser puestas en libertad.

Sin embargo, el martes 20 de noviembre los magistrados determinaron que el Tribunal Penal de Pavas no incurrió en ninguna violación de derechos y respaldó la decisión de mantenerlas en prisión.

Requeridas por la justicia

Udrea está en el país desde febrero de este año. Ella cumplió el cargo de ministra de Turismo entre 2008 y 2012 y fue diputada en el Parlamento entre 2012 y 2016. Es una de las políticas más famosas de Rumania e incluso aspiró a la presidencia en el 2014.

Ella tiene una orden de captura por parte de la Interpool de Bucarest. Entre los casos que afronta está uno por financiamiento ilegal de campaña política, en el que se le acusa de recibir un soborno de $315 mil que habría usado para cubrir gastos de la exitosa campaña de reelección de Băsescu en 2009.

Lea: Sala IV rechaza pedido de políticas rumanas detenidas en Costa Rica para salir de prisión.

Por su parte, Bica estuvo en su país seis meses en prisión preventiva a consecuencia de dos condenas –de cuatro y tres años de cárcel– por recibir un terreno y $20 mil en sobornos. Ante ello apeló y está a la espera del fallo definitivo del Tribunal Supremo de Bucarest. Además está acusada de abuso de poder en un negocio inmobiliario fraudulento de $73 millones.

La exfuncionaria llegó a Costa Rica el 19 de julio del 2017.