Discusiones sobre demanda de agencia contra Cisneros “ameritan su abstención”: técnicos del Congreso

Si la discusión de la comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos está relacionada con la demanda que puso la agencia de publicidad Madison contra Pilar Cisneros, la diputada oficialista haría bien en abstenerse, señala un informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos del Congreso.

El diputado del Frente Amplio (FA) y también integrante de dicha comisión, Ariel Robles, consultó el 21 de febrero a esa oficina asesora de la Asamblea Legislativa sobre un posible conflicto de intereses de la legisladora de Progreso Social Democrático (PSD) por participar en ese foro, al tenor de que el partido que representa es objeto de investigación del mismo.

En su respuesta, los técnicos del Congreso argumentan que —"en términos generales"— "no podría indicarse" que la participación de Cisneros en esa comisión violente el artículo 48 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que sanciona la legislación o la administración en provecho propio con penas de cárcel de hasta ocho años.

Podría vulnerarse dicha legislación "solo en aquellos actos [en los] que estrictamente haya prevalencia de un interés particular sobre el interés general", algo que no puede aseverarse en este caso pues la comisión legislativa no solo desarrolla una investigación sobre el financiamiento del PSD, sino también de otros partidos políticos.

No obstante, "si su participación y votaciones emitidas en la Comisión están relacionados con los hechos denunciados bajo el expediente judicial número 22-000027-1623-CI ameritan su abstención conforme lo indica el numeral 105 del [Reglamento de la Asamblea Legislativa]", añade el documento, que tiene fecha del 23 de febrero de 2023.

El citado expediente es el de una demanda civil interpuesta el 19 de abril de 2022 por la agencia de publicidad Madison Revolution contra las ahora diputadas Cisneros y Luz Mary Alpízar, el ahora presidente Rodrigo Chaves y quien fuera su asistente cuando era candidato presidencial, Sofía Agüero, por el supuesto impago de $114.000.

Por ser Cisneros una de las demandadas por Madison, Servicios Técnicos explica que, si fuera a haber debates o votaciones sobre dicho caso, lo que correspondería es que Cisneros se abstenga, pero a la vez señala que "la propia legisladora es quien tiene que valorar" si el objeto del debate o votación "podría violentar" la señalada ley.

Audiencia a Madison

El pasado 19 de enero, tres representantes de Madison (Javier Mora, José Pablo Chaves y Adriana Barrantes) comparecieron ante la comisión, con presencia de Cisneros. Ese día, por ejemplo, la diputada le preguntó a Mora lo siguiente: "Pilar Cisneros, es decir, yo, ¿negocié algún contrato de servicios con ustedes?", a lo que obtuvo un "no" como respuesta.

Después de varias preguntas más, la diputada exclamó: "OK, pero entonces está claro que Pilar Cisneros no negoció contrato con ustedes, no firmó contrato con ustedes, no tenía ninguna autorización ni autoridad ni nada para decir se hace o no se hace, ¿correcto?", a lo que Mora le dio la razón y la legisladora se reservó el resto de tiempo.

Otros diputados hicieron preguntas sobre la participación o no de Cisneros en las negociaciones con la agencia, estando la diputada presente. Francisco Nicolás de Liberación Nacional (PLN) y Ariel Robles del FA, así como la presidenta del foro, Dinorah Barquero, hicieron sendas interrogantes sobre la legisladora oficialista y su nivel de involucramiento.

Barrantes, representante de Madison, dijo ese día que Cisneros "se involucró en la revisión de guiones" para la campaña de lanzamiento de la candidatura de Chaves, y que la hoy diputada dio "sus opiniones en todo el proceso creativo" durante "todo" el mes de septiembre de 2022, antes de que se rompiera la relación entre la agencia y el partido.

El informe de Servicios Técnicos se emitió más de un mes después de esa audiencia y no dice explícitamente que la sola participación de Cisneros en esa sesión podría constituir un delito, pero sí manifiesta que cualquier persona podría denunciar si así lo considera, lo que podría activar el procedimiento para levantarle la inmunidad, que requiere de votación en el Congreso.

El documento recoge también que el Reglamento de la Asamblea otorga a los diputados la posibilidad de abstenerse de votar cuando pueda haber un conflicto de intereses. Además, expresa que cada legislador tiene la agencia para determinar si participa o no en estos casos, y si hubiere irregularidad deberá determinarse por la vía judicial.

"Si sabiendo las consecuencias e implicaciones de sus actuaciones decide continuar con sus actos, [la diputada Cisneros] podría ser sujeta a eventuales procesos penales con las sanciones que indica el ordenamiento jurídico", concluye el informe de Servicios Técnicos.