Los vuelos, el pacto y el encarcelamiento: así se armó el plan de Trump para enviar venezolanos a El Salvador, según The New York Times

Echar mano de una serie de portillos legales le permitió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, deportar a El Salvador más de 200 migrantes presuntamente vinculados a la organización terrorista de origen venezolano Tren de Aragua, sin contar con los fundamentos legales que demostraran tal vínculo.

Así lo reveló este miércoles un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, en el que se detalla una relación de hechos que dio al traste con tal acción, en la que incluso se indica que no le fue dada en su momento toda la información requerida por el gobierno salvadoreño para avalar el ingreso de estos individuos.

De acuerdo con el medio norteamericano, la promesa de campaña de Trump de ejecutar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares debía ejecutarse a cabalidad, para lo que su asesor, Stephen Miller, echó mano de la Ley de Enemigos Extranjeros que permite al gobierno estadounidense deportar rápidamente a ciudadanos de una "nación invasora".

Tal normativa, utilizada en tiempos de guerra y que data de 1798, fue la pieza legal que permitió justificar dicho traslado al país centroamericano. 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron semanas atrás en la Casa Blanca para tratar temas relacionados con migración, entre otros. Archivo / AFP

¿Por qué a El Salvador?

Según el New York Times, previo a subir al avión a estas personas entre salvadoreños y venezolanos con destino al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el país centroamericano, se identificó a unas 300 personas que anteriormente habían sido detenidas en Venezuela por diferentes cargos, lo que los calificaría como de riesgo para la seguridad nacional.

Lo anterior por cuanto el régimen venezolano es considerado como una "amenaza inusual y extraordinaria".

En apego a la bicentenaria ley, se justificaba su expulsión de suelo norteamericano, esto pese a que se realizara tal procedimiento sin una investigación de antecedentes penales en EEUU, requisito solicitado por el gobierno de Nayib Bukele para aceptar el arribo de dicho migrantes y recluirlos en el CECOT.

"Bukele necesitaba información sobre los migrantes, como fotos, tatuajes y antecedentes penales. '¡Todo lo que tengan!', decía el mensaje", reza el reportaje del medio estadounidense.

Asimismo, la solicitud del presidente salvadoreño de que altos líderes de la banda pandillera M-13 detenidos en EEUU fueran devueltos a El Salvador, también fue de conocimiento de las autoridades norteamericanas, con no muy "buena" recepción.

Tras una negociación "cerrada" y sin que EEUU compartiera dichos datos antes de los dos vuelos, el 15 de marzo los aterrizajes tuvieron lugar en San Salvador, así como el traslado de los migrantes directamente hacia dicho centro penitenciario.

La evidente falta de información fue solventada unos días después tras el envío de expedientes elaborados "en cuestión de horas" con fotografías, redes sociales y hasta "tatuajes visibles", pero errores como la deportación de ocho mujeres saltaron a la vista.

Pese a ello, "El Salvador ha mantenido en secreto los detalles sobre los deportados. Las autoridades no han dado acceso a organizaciones de derechos humanos ni han permitido que los abogados de los migrantes los visiten", indica el New York Times.

Además, el propio Nayib Bukele dijo a los medios estadounidenses durante su reciente visita a la Casa Blanca que "no nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país", en referencia a la orden de un juez federal de EEUU de facilitar el retorno de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente a su país, según la justicia norteamericana. 

El gobierno de EEUU ha defendido las deportaciones de migrantes de presunto alto riesgo a El Salvador por "seguridad nacional". Foto: AFP

Sin debido proceso

Estados Unidos negó "el debido proceso" a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU, este miércoles.

En muchos casos, la ley de 1798 invocada por la administración estadounidense "parece haber sido mal aplicada para negar sus derechos, rechazar una revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contra del derecho internacional sobre los derechos humanos", dijeron los expertos.

"La falta del debido proceso ha llevado a decisiones arbitrarias de deportación", agregan en un comunicado.

El carácter "sumario" de las decisiones tomadas por la administración estadounidense "fue claramente insuficiente para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador", dijeron cerca de 20 expertos, quienes tienen el mandato del Consejo de Derechos Humanos, pero no hablan en nombre de la ONU.

Los expertos también están alarmados por la reputación de las cárceles salvadoreñas.

"Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que permita a las agencias independientes de monitoreo el acceso inmediato y sin trabas a las cárceles que albergan deportados", dijeron los expertos, quienes también exigen "respeto inmediato" a los derechos de los presos.

"Hacemos un llamado a los dos gobiernos para que cooperen en su devolución a Estados Unidos, así como a cualquier otra persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar", afirman los expertos.

Varias decenas de organizaciones estadounidenses y profesionales del derecho de varios países pidieron el martes a Naciones Unidas que actúe sin demora ante la detención de estos migrantes deportados.

El acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño "constituye una grave violación del derecho internacional" y de los derechos humanos, dicen los firmantes de la carta, dirigida entre otros al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.