TSE ordena al Micitt no hacer cambios en asignación de frecuencias hasta concluir proceso electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no implementar variaciones en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión hasta emitirse las declaratorias de los resultados de las elecciones 2026.

De acuerdo con la resolución No. 2267-E8-2025 del 2 de abril, dicho cambio podría provocar que varias radioemisoras dejen de operar o que sus condiciones de operación varíen sustancialmente, desmejorando el acceso de los electores a información trascendental en los comicios venideros.

La decisión se generó a partir de una opinión consultiva solicitada por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), considerando el tribunal que lo determinado protege el acceso a la información político-electoral de la ciudadanía.

"El impacto negativo que el cambio podría provocar en la equidad en la contienda, en el funcionamiento del sistema de financiamiento público de los partidos, y en las opciones del propio TSE para comunicarse con la ciudadanía durante el proceso electoral, haciendo uso de la media hora gratuita que a tales efectos deben cederle las radioemisoras", fueron parte de los argumentos esgrimidos por el órgano electoral.

Pese a que el TSE no puede incidir en el proceso iniciado por el Micitt en torno a prórrogas, renovaciones o adjudicaciones que en derecho correspondan sobre las frecuencias, sí cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a eventuales efectos que podría tener dicho cambio en la materia electoral, dadas sus competencias.

Posible apagón

En su conferencia de prensa semanal el miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, responsabilizó a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa en caso de que se pueda generar un apagón de las señales de radio y TV en septiembre próximo.

El gobernante demandó de los legisladores la aprobación del proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para reformar la actual normativa en torno a lo que deben cancelar los concesionarios de estos bienes demaniales por su explotación comercial.

En esta iniciativa se establece el cobro anual de un 7,73% de los ingresos brutos para las televisoras y un 3,13% para los radiodifusores. Actualmente, los concesionarios de TV pagan por año ¢120 mil, ¢6 mil las emisoras FM y ¢3 mil en AM, según la legislación que data de 1954.

Otro proyecto en esta línea presentado por el diputado del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, también está en la corriente legislativa; sin embargo, Chaves amenazó con vetarlo si llegara a ser avalado por los diputados al establecer una tarifa plana para todos los concesionarios.

Durante la conferencia, la ministra de la cartera rectora, Paula Bogantes, afirmó que dependería del Gobierno ampliar o no la prórroga de 15 meses establecida en junio anterior, fecha en que vencieron los contratos establecidos entre el Gobierno y los concesionarios, según lo establecido en 2004 al entrar en vigor la Ley General de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el gobernante refutó que no se daría más prórrogas y que la decisión ahora es competencia de los diputados.

En su momento la actual administración valoró la posibilidad de licitar las frecuencias, lo que conllevaría a un apagón de más de un año considerando los tiempos que demoraría este proceso que tendría que ejecutar la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), así como eventuales apelaciones ante la Contraloría General de la República (CGR).