Con “tristeza", Ad Astra reacciona ante señalamientos del Gobierno de supuestas “irregularidades” en convenio con Recope

Ad Astra Rocket Company, propiedad del científico costarricense Franklin Chang, reaccionó ante la noticia de la denuncia a exjerarcas de Recope por presuntas irregularidades en convenios que establecieron con dicha firma para impulsar el hidrógeno.

"En Ad Astra Rocket Company nos enteramos, a través de los medios de comunicación, de una denuncia que presenta el Poder Ejecutivo contra exdirectivos de Recope. Aunque absolutamente respetuosos de la institucionalidad del país, y de los procesos que los diversos poderes llevan a cabo, sentimos una profunda tristeza por la forma en que se emite esta información y la referencia a nuestra empresa", manifestó la compañía ante consulta de AmeliaRueda.com.

En la nota agregan que Ad Astra Rocket Company es una empresa apegada a los más altos principios legales y éticos, al tiempo que la compañía abre oportunidades para Costa Rica en la nueva industria del hidrógeno cero emisiones.

“Queremos aclarar que el proyecto en referencia inició, hace más de una década, el posicionamiento estratégico y pionero de Costa Rica en la nueva industria del hidrógeno cero emisiones que apenas daba sus primeros pasos en el mundo. Gracias, en gran parte a esa iniciativa, hoy nuestro país es un referente mundial en la industria del hidrógeno y su importante papel en la descarbonización de nuestra economía", manifestó Chang-Díaz.

El empresario y ex astronauta agregó además que "no hemos variado en nuestro propósito: abrir oportunidades para que la industria y el talento costarricense puedan aprovechar esta área de innovación y seguir posicionando al país como una nación visionaria”. 

A causa de esta investigación, el Gobierno destituyó a la gerenta general, Ana Lucía Alfaro, quien participó en las decisiones iniciales de la firma del primero de tres convenios con Ad Astra, con sedes en Liberia, Costa Rica y Texas, Estados Unidos.

Estos acuerdos, generados entre el 2011 y el 2015, permitieron el desembolso de $2,1 millones, mismos por los que la Procuraduría General de la República determinó que Recope no tenía competencia legal para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles, esto ante consulta de la misma refinadora.