Tres proyectos de seguridad planteados por Gobierno de Chaves presentan “roces de constitucionalidad” o “legalidad”: técnicos del Congreso
Las iniciativas fueron enviados al Congreso el pasado 19 de abril por parte del Poder Ejecutivo. Iniciativas llegaron con problemas de redacción, según informes
11/10/23 | 05:53am
Tres de los proyectos presentados por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves sobre la seguridad presentaron "roces de constitucionalidad" o "legalidad".
Así lo señalan informes emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de los cuales AmeliaRueda.com tiene copia.
El Gobierno lanzó el 19 de abril el plan Costa Rica Segura con el fin de darle a conocer a la ciudadanía su hoja de ruta planteada por el Poder Ejecutivo de cara a la mejora de la seguridad nacional.
En ese instancia se presentaron cinco proyectos de ley firmados por el Poder Ejecutivo y uno por el Partido Progreso Social Democrático (PSD) para que sea valorado por el ámbito legislativo.
Desde el 15 de septiembre, el mandatario Chaves hizo un llamado de atención a la Asamblea Legislativa por no avanzar en la discusión de los proyectos en materia de seguridad presentados en abril.
El Congreso por su parte le pidió acciones para la declaratoria de emergencia nacional la situación crítica por la seguridad, pero el el presidente Chaves lo descartó el 3 de octubre anterior.
Anuncio
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República
Medidas cautelares y beneficio carcelario
El expediente 23.692, proyecto de Ley para Restaurar la Seguridad Ciudadana y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad fue señalado con dichos roces constitucionales.
El proyecto limita el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas en los delitos cuya pena sea inferior a cuatro años de prisión.
También contempla la posibilidad de que la pena para el uso monitoreo electrónico tras arresto domiciliario se baje de seis a cuatro años.
El informe legislativo AL-DEST-IJU-141-2023 del 28 de junio de 2023 señala que se debería establecer la prisión preventiva como la regla porque se tendría que decretar en la mayoría de los asuntos sometidos a conocimiento de los Tribunales.
"La propuesta presenta serios riesgos de inconstitucionalidad, por establecer disposiciones muy amplias, sin distinciones, que atentarían contra el principio de racionalidad y proporcionalidad, debido a que obligaría a las personas juzgadoras a tomar decisiones innecesarias y desproporcionadas.
"También contiene diversos elementos que conducen a la configuración de un Derecho Penal de Autor, sustentado en la peligrosidad que no son compatibles con el principio de culpabilidad", se lee en las consideraciones finales del proyecto.
En el análisis realizado por la asesora parlamentaria Lilliana Rivera Quesada se indica que si prospera la iniciativa se podría agravar el problema de hacinamiento carcelario.
A su vez, precisó que las acciones podrían derivar a condenas nacionales e internacionales por no garantizar las condiciones mínimas de vida de las personas privadas de libertad.
Sobre este proyecto, la Corte Plena dijo el 31 de julio que había incidencia en el Poder Judicial, es decir, se requerían 38 votos para convertirlo en Ley de la República.
En el expediente 23.692 hay observaciones de posibles roces constitucionales y que afectarían incluso la dinámica legislativa.
Justicia Penal Juvenil
El segundo proyecto con señalamientos es el expediente 23.691, Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada.
La propuesta contempla una reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil para que la administración de justicia atienda de forma diferenciada los asuntos de criminalidad donde participan menores de edad.
A su vez, amplía la lista de delitos donde la prescripción es de cinco años e incorpora aquellos considerados graves.
La observación de la reforma constitucional que se hizo en la reforma que se pretende realizar en el artículo 58 de la Ley 7576.
"Lo correcto es utilizar el término legal de delincuencia organizada y no el de criminalidad organizada, pues las leyes deben tener armonía y ser consecuentes en la tipificación con respecto a los cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico, máxime cuando se pretende tipificar en una ley especial juvenil, delitos que ya existen con un nombre y tipificación específica", se lee en el documento.
Señala que si se se usa el vocablo criminalidad organizada tendría como consecuencia un problema de aplicación e interpretación de las actividades delictivas de un grupo de personas..
En cuanto al uso de "menor de edad represente un peligro para la sociedad" enumera que hay conceptos jurídicamente indeterminados y ambiguos sujetos a interpretación.
"No existe ni jurídica ni sociológicamente una manera objetiva de discriminar conductas delictivas para determinar provisionalmente a una persona menor infractor, sin lesionar sus derechos fundamentales, constitucionales y legales", agregó el informe AL-DEST-IJU-I40-2023.
La sugerencia del proyecto es el de mejorar la redacción para evitar que el marco normativo no sea aplicable.
El presidente Rodrigo Chaves (al fondo, en el centro) presentó el 19 de abril de 2023 cinco proyectos de ley para mejorar la seguridad del país ante la secretaría del Congreso, acompañado por jerarcas de su Gobierno y diputaciones oficialistas. Foto: ASL
Modernización de las telecomunicaciones
El expediente 23.690 hace referencia al proyecto de Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones.
La propuesta incorpora un visto bueno a la intervención telefónica en los delitos de homicidio simple y femicidio así como también le da la potestad al Fiscal General de la República para hacer la solicitud.
"Para la aprobación de la presente iniciativa resultaría necesario realizar varias reformas a la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley 7425 para evitar roces de legalidad", se lee en el informe legislativo AL-DEST-IJU-108-2023.
"La concentración en una sola persona para la toma de decisión de solicitar la intervención de las comunicación (Fiscal General) podría resultar en demoras en los procedimientos. Aun cuando todas las fuerzas policiales comparten una serie de atribuciones generales, cada cuerpo policial ostenta sus propias atribuciones y están subordinados a diferentes ministerios", prosiguió el documento elaborado por el asesor Alejandro Solano Vargas.
Sobre el punto de ampliar a todos los cuerpos policiales, la delegación de las intervenciones en las comunicaciones "si bien no presenta roces constitucionales o legales, conllevaría una serie de procedimientos necesarios para capacitar e instaurar en cada cuerpo policial, el personal técnico especializado para cumplir con las tareas delegadas en cuestión".
El informe legislativo sugiere aclarar el origen de los recursos que necesitará cada fuerza policial para el establecimiento de las unidades especializadas en la materia.
Reforma a la Ley de Armas
El expediente 23.689 presentada por el Congreso establece una reforma a la Ley de Armas y Explosivos.
La propuesta tiene como finalidad establecer como agravante en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilícita los casos en los que el agente posee o porta un arma de fuego inscrita a nombre de un tercero y se cometa algún evento delictivo.
El Departamento de Servicios Técnicos precisó en el informe AL-DEST-IJU-129-2023 que la propuesta debe partir que no existe un derecho de rango constitucional para portar armas sino en los casos de uso cause daños a terceros.
"La decisión de agravar las penas para las conductas en concreto que se establecen en el proyecto de ley responde al marco de discrecionalidad de las y los legisladores, los cuales pueden establecer, y definir por la vía legal quienes no podrán portar o tener armas de fuego.
"Las y los diputados cuentan con la potestad de diseñar una política criminal y nacional orientada a fortalecer los compromisos nacionales de seguridad en procura de mantener el orden y la tranquilidad pública", señaló el informe elaborado por la asesora Daisy Guerrero Delgado.
La observación realizada al proyecto va en la línea de crear agravantes de las penas en dos tipos penales debido a que se debe revisar los fundamentos de orden constitucional.
En específico se sugirió la revisión de los principios de legalidad y proporcionalidad para efectuar las correcciones pertinentes y evitar cuestionamientos de constitucionalidad en el caso concreto.
"La redacción de la mayoría de las normas propuestas tiene problemas serios de redacción que atentan contra la seguridad jurídica que no permiten dar certeza de las conductas por los cuales una pena y conducta será agravada", indicó el escrito.
En algunos documentos no se habla de roces de constitucionalidad o legalidad, sino de problemas con la redacción. Ejemplo, en el expediente 23.689.
Reacciones legislativas
El tema sobre los roces de constitucionalidad fue puesto sobre la mesa por parte del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado Bogantes.
Bogantes enfatizó la urgencia acerca de la necesidad de proceder a la revisión de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.
El socialcristiano afirmó que su principal preocupación es el hecho de que los proyectos estén llegando mal redactados y ambiguos.
Horacio Alvarado, diputado PUSC
La vicepresidenta del Congreso, Gloria Navas Montero, expuso que los proyectos no pueden pasar de un día para otro cuando se deben respetar los procesos de discusión y análisis.
Navas Montero considera que es necesario esa revisión detallada y minuciosa para evitar roces a la constitucionalidad costarricense.
Agregó que el tema de la seguridad no es fácil, pero se debe acatar las soluciones con responsabilidad.
Gloria Navas Montero, vicepresidenta del Congreso
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, indicó que desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico velarán por los contenidos y competencias de los proyectos del Poder Ejecutivo.
Barquero indicó que se asegurarán que las herramientas deben estar sujetas a controles administrativos, judiciales y políticos que son consustanciales a un Estado de Derecho.
La verdiblanca añadió que la Asamblea debe iniciar el debate de los proyectos del Gobierno con el reconocimiento y compromiso de los costarricenses en defensa de los derechos humanos.
Dinorah Barquero, diputada PLN