Tras ser archivado en Comisión, Frente Amplio vuelve a presentar proyecto para regular el lobby y “puertas giratorias” en la función pública
Nueva iniciativa fue presentada y firmada por los mismos nueve diputados que propusieron anterior texto
27/08/25 | 16:12pm
La diputada del Partido Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, presentó nuevamente el proyecto de ley que regula las llamadas "puertas giratorias" y el lobby en la función pública, luego de que una iniciativa similar fuera archivada por la Comisión de Gobierno y Administración.
El nuevo texto además contiene las firmas de los otros ocho diputados que firmaron en enero del 2024 el expediente No. 24.111, cuyo avance fue rechazado el martes tras doble empate en la votación.
La proponente del antiguo proyecto y su nueva versión indicó que la iniciativa coincide con una promesa de campaña del actual gobierno para combatir la corrupción.
El concepto de "puertas giratorias" refiere a eventuales conflictos de intereses que pudieran tener servidores públicos en el ejercicio de sus funciones con sectores de los cuales proviniesen.
Sofía Guillén, diputada Frente Amplio
La congresista añadió que una de las motivaciones para presentar nuevamente el proyecto es que "la legislatura que venga, con más sabiduría espero yo, más sensatez y más ética vaya a hacer esto una realidad".
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Pese a que no es firmante, la diputada independiente Johana Obando también mostró su malestar tras el archivo del primer texto, coincidiendo con Guillén que el proyecto recogía buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para prevenir conflictos de interés.
Durante su análisis en Comisión el proyecto fue votado positivamente por Melina Ajoy (PUSC), Johana Obando (independiente) y Antonio Ortega (FA), mientras que en forma negativa lo hicieron los oficialistas Waldo Agüero y Paola Nájera, así como la liberacionista Carolina Delgado.
El nuevo expediente, tramitado bajo el número 25.170, mantiene el espíritu plasmado en el anterior proyecto en torno al otorgamiento de facultades tanto a la Procuraduría de la Ética Pública como al Poder Judicial en escenarios de captura de la decisión pública por parte de jerarcas.
Asimismo, establece la creación de un Registro Público de Lobistas, que debe contener el nombre de la persona que realiza el lobby, si percibe remuneración por dicha actividad, objeto de sus gestiones, entre otros datos.